El Gobierno de Javier Fernández va a desbloquear los recursos del fondo incondicionado a los ayuntamientos para que estos puedan dedicarlo a lo que consideren oportuno. En el año que duró el anterior mandato, el dinero estuvo retenido por culpa de la prórroga presupuestaria y ahora el Ejecutivo socialista espera la aprobación del Parlamento para acabar con esta situación anómala.

El destino del fondo de ayuda a los ayuntamientos estuvo durante muchos años en manos del Principado, de modo que el Gobierno regional ofertaba una determinada actuación a un municipio concreto y el alcalde de turno sólo podía aceptar o rechazar la propuesta, pero no tenía competencia para ofrecer un uso alternativo. Después de muchos años de brega, las corporaciones locales lograron el derecho a decidir autónomamente sobre los recursos provenientes del Principado. En el presente, desde la comunidad autónoma se distribuye el dinero en función del tamaño de la población, la dispersión geográfica de los habitantes o la extensión de los concejos, y recibida la financiación cada gobierno municipal decide qué hacer con ella.

El paso que da ahora el Gobierno regional, anunciado por Álvaro Álvarez, viceconsejero del Sector Público, supone un retorno a la normalidad, lo que supone un avance. Esa es la parte buena de la noticia. El lado menos positivo está en la escasa capacidad, por no decir nula, que tiene ese fondo hoy día para solucionar la asfixia económica de los consistorios. Ocho millones de euros repartidos entre 78 concejos dan para muy poco. Y en una situación como la actual, en que casi todos los servicios públicos de los concejos incurren en déficit porque toda la estructura municipal estaba montada sobre el argumento de recibir una cuota del negocio de la construcción, el fondo incondicionado de la comunidad autónoma puede ser una alegría para los alcaldes pero nunca una solución. En la política regional se da mucha importancia al cumplimiento de una serie de protocolos, normas o costumbres, sin tener una visión crítica sobre ellos. La problemática de los ayuntamientos debe abordarse desde el Estado. Mientras llega por esa vía una mejora de la financiación municipal, lo mejor es que el Principado y los alcaldes alcancen un pacto sobre la gestión de determinados servicios que realizan los ayuntamientos sin tener competencia para ello.