Carlos Floriano, mano derecha de Dolores de Cospedal, afirma que su partido no piensa suprimir ayuntamientos ni eliminar administraciones, sino que quiere imponer prácticas virtuosas, eso que últimamente han dado en llamar “buena gobernanza”. El alto dirigente del PP espera que la reforma de la Administración separe convenientemente las competencias del Estado, las comunidades autónomas y los consistorios, para poder prestar servicios de una forma más eficaz. Floriano afirma que “las comunidades autónomas y los ayuntamientos no son el problema, sino que tienen problemas”.

El discurso de Floriano hubiera valido hace dos o tres años, cuando la crisis económica era una realidad pero todavía no había causado devastadores efectos sobre las cuentas de las administraciones y las entidades financieras. Ya nos pasó el momento de hablar de racionalización del gasto y de hacer juegos de palabras, porque llegó la hora de tomar medidas drásticas. Aquí no hay otro modelo de gobernanza que reducir rápidamente la diferencia entre gastos e ingresos y eso no se logra diciendo que las administraciones territoriales tienen problemas, cuando son ellas las que causan quebraderos de cabeza a los ciudadanos. Puede que el Gobierno de Rajoy no suprima ayuntamientos, pero el déficit público disminuiría con la fusión de consistorios, ya que 8.115 municipios son demasiados para el paupérrimo estado de nuestras haciendas. Es una medida que no se puede aplicar a las comunidades autónomas, porque cualquier fusión crearía tal síndrome de identidad que colapsaría la operación.

Las tres administraciones territoriales (Estado, comunidad autónoma y ayuntamiento) deben reducir tamaño. Sin partir de esa premisa no es posible rebajar el déficit del 8,9%, de 2011, al 5,3%, tope marcado por la UE a España para el presente año. La estrategia de convertir deudas públicas en privadas, que en eso consisten los copagos, tiene que ser complementada con una política de reducción presupuestaria, para que puedan los ciudadanos financiar el gasto público. El PP habla de poner fin a la duplicidad de organismos y a la separación de competencias. Todo eso está muy bien, pero con esas medidas no se reduce el déficit ni en una cuarta parte de la cantidad a la que nos hemos comprometido. Hay que hablar claro y mostrar un plan con cifras en el Parlamento.