Mes y medio de conflicto en la minería del carbón, iniciado el 23 de mayo, con paros y manifestaciones, que dieron paso a una huelga indefinida tras la concentración de 10.000 manifestantes ante la sede del Ministerio de Industria. 46 días de conflicto y las posiciones se mantienen fijas: los mineros golpean y el Gobierno permanece enrocado tras la fortaleza de su mayoría absoluta.
Las posturas de los dos bandos no se han movido un ápice, aunque se ha producido un cambio en las formas. Desde los primeros cortes de carreteras de guante blanco, con la Policía de testigo pasivo de las quemas de neumáticos y las columnas de humo, hasta las batallas campales de las últimas semanas, con heridos, detenidos y la amenaza de la tragedia gravitando sobre el escenario de operaciones.
Durante el conflicto ha habido cuatro reuniones entre el Gobierno y los dirigentes del Soma y de CCOO. El Ministerio de Industria se mantuvo firme en su postura de recortar un 63,2% las ayudas para el presente ejercicio, ofreciendo un diálogo sobre el ajuste a realizar entre 2013 y 2018. Los mineros pretender dulcificar el recorte de 2012, para evitar los expedientes de regulación de empleo y los cierres. La mediación de los presidentes de Asturias y Castilla y León, a favor de los mineros, no ha dado ningún fruto.
Las reuniones fallidas coincidieron con los encierros en los pozos y las acampadas, iniciativas tomadas por los sindicatos para dar testimonio del conflicto. Por el medio hubo una convocatoria de huelga general en las cuencas mineras, con un seguimiento generalizado. El último paso es la marcha a pie hasta Madrid, con las camisetas negras y verdes de los mineros por carreteras y autovías, y el interrogante abierto sobre lo que harán cuando estén en la capital (“si llegamos, nos quedamos”).
DOS BANDOS
El conflicto se desarrolla entre dos bandos, el Gobierno de un lado, y en el otro los mineros, los empresarios del carbón y la población de las cuencas. No es un pulso laboral, porque el Gobierno no se puede confundir con ninguna patronal, y enfrente tiene algo más que un colectivo de trabajadores. La disputa tiene un fondo político nítido. No está en juego el poder adquisitivo de los salarios, sino la supervivencia de un sector y el futuro de pueblos enteros.
En Europa, la credibilidad de Rajoy está en juego, porque necesita cultivar la imagen de presidente fuerte que no cede a las presiones, sobre todo si repercuten en el déficit público. Sin embargo, en el ámbito de la política nacional, Rajoy se juega muy poco en las cuencas mineras, porque no depende de sus apoyos. Estamos en presencia de un conflicto territorial, focalizado en Asturias, León, Palencia, Teruel y Puerto Llano (Ciudad Real), que tendrá repercusiones políticas en las regiones mineras.
El pulso del Gobierno con la minería tendrá un coste para las organizaciones regionales del PP, de ahí las fricciones surgidas entre cargos públicos y dirigentes del PP con el aparato central del partido y el Gobierno. El caso más sonado es el del senador y ex alcalde de León, Juan Morano, que votó a favor de las enmiendas socialistas a las ayudas al carbón y abandonó el PP tras ser sancionado; también está en una tesis parecida la senadora de Teruel, Carmen Azuara, que se abstuvo de rechazar las enmiendas socialistas. Pero lo más relevante es la intervención de Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta de Castilla y León, instando a Rajoy a no aplicar el recorte a las ayudas para no poner en riesgo las explotaciones.
ASTURIAS
Vivo contraste con lo que sucede en Asturias, donde parlamentarios y aparato del PP cierran filas con Rajoy, sin importarles la fractura que se va producir entre su organización y las cuencas mineras. Un partido que sólo tiene 10 diputados autonómicos da la espalda a una historia de dos décadas en las que apoyaron sin fisuras la estrategia de los sindicatos mineros.
El Gobierno de Aznar mantuvo los beneficios de las prejubilaciones, planteadas por Felipe González, y dio un salto cualitativo al crear los fondos de compensación de la minería, que aportaban ayudas cuantiosísimas a las comarcas del carbón. La estrategia de Álvarez-Cascos, primer vicepresidente de aquel Gobierno, consistía en quebrar la hegemonía electoral de la izquierda con la política de reactivación de las cuencas.
Al gestionar los fondos, el Gobierno del PP, y la organización regional liderada entonces por Ovidio Sáchez, apoyaron ciegamente a los sindicatos en sus enfrentamientos con el Gobierno de Areces. El alcalde de Oviedo, Gabino de Lorenzo, desarrolló una relación muy afectuosa con Fernández Villa. A lo largo de dos décadas, el PP asturiano chocó con el resto de partidos, tuvo desencuentros sonoros con la Fade, se desentendió de la concertación social con patronal y sindicatos, pero cuando tocaba debatir sobre el carbón se alineaba con los sindicatos y las comarcas mineras.
Todo ese capital político se dilapida en el actual conflicto de la minería, al cerrar filas con un Gobierno que puede tener el dudoso honor de adelantar el cierre de las explotaciones. Las guerras de artillería las sufre la infantería y la factura de la huelga contra Rajoy la pagará, en solitario, el PP asturiano.