El plan de ajuste del Principado, aprobado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, es un largo compendio de medidas que inciden sobre los ingresos y los gastos, en el que destaca como propuesta señera la llamada “reprogramación de inversiones”, que consiste en dejar de financiar actuaciones por un valor de 326 millones de euros. Hay medidas de marcado significado ideológico, como aumentar el gravamen del IRPF para los perceptores de rentas superiores a los 70.000 euros o el incremento de la tributación por patrimonio, pero entre las dos sólo aportarán 14 millones de euros. La elevación del “céntimo sanitario” genera controversia, aunque apenas supondrá un ingreso de 7 millones al Principado. El recorte de gastos de personal, al dejar de contratar a 1.000 funcionarios interinos, es la propuesta socialmente más dolorosa, pero genera el escaso ahorro de 18 millones. Se puede decir que el amplio abanico de medidas sobre el gasto y ahorro tiene una importancia menor al lado de lo que representa el ajuste inversor, un capítulo que queda reducido a 426 millones de euros.

La Administración autonómica no es un ente aislado, de modo que el déficit del Principado se verá influido por decisiones de otras administraciones, hasta tal punto que alguna de las medidas externas tendrá un efecto mayor que todas las propuestas incluidas en el plan de ajuste, dejando a un lado la ya citada reprogramación de las inversiones. Me estoy refiriendo a la decisión de Mariano Rajoy de eliminar la paga extra de Navidad a los funcionarios. 35.800 empleados públicos verán recortados sus sueldos, lo que implica un ahorro de alrededor de 80 millones de euros. El Gobierno central carga con el coste de esa medida que beneficiará a las arcas autonómicas. Una de las anomalías del modelo de Estado que tenemos consiste en la falta de acomodación entre la responsabilidad de las decisiones y los beneficios o los perjuicios derivados de las mismas.

La aprobación del plan de ajuste llega tras amenazar el Gobierno con nuevos recortes en las empresas públicas. El Consejo de Política Fiscal y Financiera es el sitio adecuado para concretar las propuestas, pero el ministro Montoro ha dejado pasar la ocasión, lo que no implica abandono de la idea, porque el Gobierno de Rajoy casi nunca concede primicias en los órganos institucionales.