El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias ha recurrido ante el Tribunal Constitucional los ajustes en sanidad y educación dictados por el Gobierno central. La decisión de impugnar los recortes se fundamenta en la invasión de competencias, al  estar en manos de la comunidad autónoma la gestión sanitaria y educativa. El Principado considera que la medida del Gobierno se inscribe dentro del intento de imponer un nuevo modelo territorial.

Desde la lógica de las competencias al Principado le asiste la razón, aunque el Gobierno puede argüir razones de peso como la necesidad de tomar unas medidas mínimas para salvaguardar el equilibrio de las cuentas del Estado. Estamos en una mala época para invocar las competencias de una administración como vía para anular las disposiciones de otra administración superior, porque dentro de la Unión Europea asistimos a una gigantesca operación de intervencionismo, donde se invisten presidentes de Gobierno a técnicos que no pasaron por las urnas y se decide desde instituciones comunitarias la política presupuestaria y la estrategia a aplicar en el sector financiero de los países miembros. Dicho de una forma más sencilla: cómo no va a poder el Gobierno poner un techo de gasto en sanidad y educación, cuando los burócratas de la Comisión Europea y del Banco Central Europeo deciden sobre los sueldos de los funcionarios y las pensiones de los jubilados.

En la actualidad, la prioridad del equilibrio presupuestario lleva a reformar las constituciones por vía de urgencia. Los rígidos moldes normativos se vuelven flexibles por la acción de la política económica. Si se quiere poner diques al intervencionismo del Gobierno central tiene que ser apelando a la política. Así lo debió de entender Artur Mas que llama a la creación de un frente autonómico contra los ajustes dictados por Rajoy. La razón de Estado que está detrás del recorte de gastos desborda, en la práctica, la capacidad del TC para detener la iniciativa del Gobierno. El Principado está en su derecho al recurrir las decisiones del Gobierno, pero lo más realista, pensando en el corto plazo, es tener preparada una estrategia de reducción del gasto que sea válida para cumplir con los nuevos objetivos de déficit señalados por el Ministerio de Economía. Las cosas no van a mejorar y no habrá reducto legal que nos proteja de la tormenta.