El dramatismo de la situación española aumenta de intensidad con la desconfianza radical de los mercados hacia el Gobierno y sus medidas de ajuste. La semana se cierra con la prima de riesgo por encima de los 600 puntos, lo que supone un nuevo récord. Una penalización durísima que refleja la inseguridad que sienten los acreedores para comprar deuda española. Si para colocar deuda hay que pagar un interés tan alto es que los compradores están calculando que puede ser una operación fallida y el interés a percibir engloba la devolución del crédito.
La antigua UE de los Quince se ha roto en dos; de un lado quedan los países solventes, encabezados por Alemania, a los que se han unido los otrora dudosos, Francia y Bélgica, mientras que al otro lado de la raya están los estados insolventes: Grecia, Irlanda, Portugal, España e Italia. Mientras España pagaba el viernes un interés del 5,7% en títulos a dos años, Francia hacía lo propio al 0,1%. El mercado ha separado a los dos grupos, pero estas cosas no ocurren por azar, sino por efecto de decisiones políticas, en las que cabe ver la mano de Alemania, un país que nunca se financió más barato, nunca tuvo tanta gente trabajando y nunca pudo imponer su hegemonía sobre toda la UE, como ahora. La indiferencia del Banco Central Europeo (BCE) ante el sufrimiento de España delata la satisfacción de Ángela Merkel por lo que sucede en la UE.
Después de lo acontecido en el último mes parece claro que la jefa del Gobierno alemán prefiere el rescate de España, como estado, a dar una ayuda de 100.000 millones de euros a la banca española. El control de la situación por parte de la troika (Comisión Europea, BCE y FMI) será superior y la supeditación de Rajoy, mayor. Como la situación puede volverse ingobernable si tras el rescate de España ocurre lo mismo con Italia, no hay que descartar en absoluto que Alemania trabaje con el escenario de redefinir la zona euro, creando un club selecto de moneda única para economías estables.
INSOLVENTES
El desbocamiento de la prima de riesgo, que no responde ante los sucesivos planes de ajuste presentados, ha coincidido esta semana con el derrumbe de las finanzas autonómicas. Cuando no han pasado tres años desde que se firmara el nuevo modelo de financiación autonómica, los gobiernos regionales hacen cola ante el improvisado Fondo de Liquidez Autonómico (LFA) para poder refinanciar sus deudas. Los bancos les han cerrado las puertas, mientras los gobiernos autonómicos mantienen abiertas sus embajadas en el extranjero. El Gobierno ha tenido que crear el LFA con carácter de urgencia e inyectarle 18.000 millones de euros para que puedan cubrir los gobiernos regionales los casi 16.000 millones en vencimientos de deuda que les llegarán antes de que acabe el año. El gobierno valenciano ha iniciado la saga de los rescatados a la que se irán uniendo el pelotón de los insolventes.
En este contexto, llama la atención la airada protesta de la oposición en el Congreso de los Diputados rechazando la regulación del LFA por atentar contra el modelo autonómico. En Madrid, se levanta el puño para quejar y en la periferia se abre la mano para cobrar.
En realidad, lo que cabría reprochar a los gobiernos de Rajoy y Zapatero es haber sido excesivamente condescendientes con los gobiernos autonómicos. Todas las cesiones se han convertido en deuda autonómica, y el gobierno más intocable es el que ha generado una mayor deuda: la Generalitat catalana, con 41.788 millones en créditos de imposible devolución.
AYUDAS
A los pocos días de llegar al poder, el Gobierno de Rajoy concedió diez años a los gobiernos regionales para devolver el exceso de dinero recibido por las liquidaciones de los años 2008 y 2009. Más de 3.000 millones de ayuda. Luego, anticipó el dinero a entregar correspondiente al año 2010, inyectando más de 5.000 millones en la contabilidad de las regiones. Posteriormente, borró las deudas que tenían los barones autonómicos con los proveedores, entregándoles 17.000 millones. Y por último, crea el FLP, con 18.000 millones, para que las comunidades puedan refinanciar las deudas con los bancos. En definitiva, en menos de siete meses, les dan amplias facilidades para devolver un dinero recibido erróneamente, reciben liquidez, les condonan las deudas con los proveedores y les refinancian las deudas con los bancos. Pues bien, pese a ello, a los barones autonómicos les parece poco y ahí está Artur Mas queriendo organizar el motín de los insolventes contra el Estado.
Las comunidades autónomas no cierran empresas públicas y agitan el mantra de la calidad de los servicios públicos, mientras reciben avales del Estado para pagarlos. La impostura es total, pero el papel lo aguanta todo.
BERRINCHE
El último berrinche autonómico procede del plan del Gobierno de quedarse con el incremento de la recaudación por la elevación del IVA. El Gobierno concentra las iras de los funcionarios por recortar sus sueldos, una medida que beneficia a los gobiernos regionales, pero no puede quedarse con el incremento del IVA, pese a que las dos partidas que más alteran el equilibrio presupuestario son los intereses de la deuda y la subvención del desempleo, dos cargas, que por vía directa o indirecta, recaen sobre las espaldas del Estado. Una larga serie de decisiones absurdas llevan a la quiebra de España.