Javier Fernández ha culpado a Cristóbal Montoro de la dificultad que tienen las comunidades autónomas para financiarse. El presidente del Principado dijo que las manifestaciones del ministro sobre la incapacidad de las regiones para financiar sus déficit menoscaba la credibilidad de las comunidades. Además, el líder socialista señaló que Cristóbal Montoro había restado margen de actuación a los ejecutivos autonómicos al mantener el objetivo del 1,5% de déficit público para 2012, cuando la UE había concedido un punto más de holgura para el Reino de España, optando el ministro por otorgárselo íntegramente a la Administración central.

Las palabras de Cristóbal Montoro fueron desafortunadas, porque no tiene sentido hacer juicios sarcásticos sobre los números rojos de las regiones cuando el propio Estado tiene inmensas dificultades. Hacer ese tipo de juicios es tirar piedras contra el propio tejado, ya que la insolvencia regional tiene que ser cubierta por el Gobierno central. En una época en que los mercados se muestran tan sensibles a las informaciones negativas, mejor hacía el ministro de Hacienda en manifestar sus dudas sobre la solidez de los bancos alemanes, que además del gesto gallardo que comporta criticar a los fuertes, no deja de ser una realidad inquietante que la propia Ángela Merkel evita comentar.

No obstante, no caigamos en exageraciones; el error del ministro no le hace responsable de la negativa de los bancos a las peticiones de crédito de los gobiernos regionales. El culpable de la bancarrota autonómica son los ejecutivos autonómicos. La ruina de Castilla-La Mancha es una herencia del presidente socialista José María Barreda, como la de Cataluña es producto de los gobiernos tripartitos de Maragall y Motilla, así como la insolvencia de Valencia procede del PP de Camps, al igual que la de Murcia es cosa del partido de Rajoy. La única responsabilidad de las direcciones nacionales del PP y del PSOE consistió en mirar para otro lado y dejar que sus barones regionales incurrieran en inversiones y gastos para los que no tenían cobertura. Javier Fernández puede defenderse diciendo que en Asturias no se hicieron tantas barbaridades como en otras regiones, pero hacer una defensa cerrada del Estado autonómico es absurdo, porque lo sensato hubiera sido someterlo a revisión hace mucho tiempo.