La Federación Asturiana de Concejos (FACC) afirma que los ayuntamientos procederán a una subida generalizada de tributos para compensar el incremento del IVA. Antonio de Luis Solar recuerda que los consistorios no pueden repercutir el impuesto, como hacen las empresas, y están forzados a compensar el impacto del IVA ya que el próximo año tienen que finalizar el ejercicio con déficit cero. Los alcaldes rechazan la retirada de competencias de los ayuntamientos con menos de 20.000 habitantes, en favor de las diputaciones, propuesta por el Gobierno de Rajoy; los regidores consideran que la solución pasa por una redistribución de competencias entre administraciones. Los alcaldes están en contra de eliminar un tercio de los concejales y tampoco son favorables a las fusiones de consistorios.
Empecemos por algo obvio: los alcaldes defienden sus intereses, que no son exactamente los del vecindario. La subida del IVA es un coste para los ayuntamientos y pueden optar por repercutirlo a los ciudadanos o por disminuir el nivel de compras, suministros o contrataciones, para que no influya en el déficit del consistorio. Elevar el IBI para resarcirse del IVA es un recurso muy simple, que le vendrá bien a la contabilidad municipal, pero muy mal a los habitantes del concejo, que les suben los tributos estatales, autonómicos y municipales, sin tener un pariente que les compense de tanta alza y con la nóminas recortadas, cuando no perdidos los puestos de trabajo. En dos palabras: el discurso de los alcaldes asturianos es, en ese punto, indefendible. Si toman esa medida, algún día escucharán quejas a voces.
La reducción del número de ediles es una medida muy popular, que no afecta a la gestión municipal, porque el rendimiento de los concejales o de los diputados es como el de los ciclos combinados de gas en la actualidad: por debajo del 50%. En los consistorios pequeños los ediles no cobran sueldo, pero en ciudades, como Gijón y Oviedo, supone un ahorro superior a los 200.000 euros al año. Dejar a los concejos pequeños en manos de las diputaciones puede ser una medida eficaz de gestión, aunque acaba de facto con la autonomía del 90% de los consistorios. O se suprimen ayuntamientos, como en Italia o Grecia, o se reformula la figura de las mancomunidades, con acuerdos vinculantes, régimen de penalizaciones y un concejo de cabecera.