Dolores Carcedo ha anunciado la reordenación del sector público asturiano, en la que habrá fusiones de empresas, fundaciones y sociedades, así como la definición de un nuevo modelo de televisión pública. En una primera fase, que se acometerá tras las vacaciones, se procederá a la venta de las participaciones en Sedes y en las empresas hoteleras, así como el cierre del Instituto Asturiano de Estadística. En los primeros meses de 2013 se decidirá sobre las fusiones de empresas, fundaciones, sociedades e instrumentos de promoción económica. La consejera de Hacienda cree que el sector público asturiano es “reducido, heterogéneo y complejo” y juzga que su reorganización no es una operación fácil.

La reducción del sector público (hablar de reordenar no deja de ser un eufemismo) es una tarea obligada. La Comisión Europea y el Gobierno de Rajoy la han citado como un deber para todas las comunidades autónomas. Puestos a cerrar sedes e instalaciones regionales, mejor recortar en las empresas dependientes del Principado que hacerlo en los propios servicios del Principado. Apostar por mantener abiertos todos los entes existentes resulta incompatible con la rebaja del déficit público que hay programada para los próximos ejercicios. Dicho todo lo anterior, parecería que la llamada reordenación del sector público es una operación cantada, pero me inclino a pensar que se alzarán muchos obstáculos a realizarla y que el cierre de empresas sólo se hará bajo la presión directa del Gobierno central.

Las resistencias al cierre de empresas proceden de aquellos que les toca ejecutarlo. Dolores Carcedo considera que el tamaño del sector público es reducido, lo que da a entender que si no fuese por los condicionantes económicos lo mejor sería dejarlo como está. La consejera de Hacienda califica de “compleja” la operación de reducción. Sin embargo, si se contempla sin prejuicios, se pueden llevar a cabo los cierres y fusiones, tomando como guía el tamaño que tenía el citado sector hace quince años. El rápido crecimiento de las estructuras públicas efectuado en los últimos tiempos se debió al auge económico, así que la recesión es razón suficiente para cerrar lo que se abrió alegremente. El Gobierno central acordó con las comunidades autónomas liquidar 600 empresas públicas y hasta ahora sólo se eliminaron dos. Ninguna en Asturias.