El Gobierno regional insiste en que hará el mayor esfuerzo posible para evitar que los sucesivos recortes de gasto afecten a la calidad de los servicios públicos de sanidad y educación. El objetivo es tan loable como difícil de cumplir, ya que la simple adecuación del requilibrio presupuestario a los nuevos topes puestos por Cristóbal Montoro para el déficit de 2013 (0,7% sobre PIB) y 2014 (0,1 sobre PIB) supone otro recorte de 300 millones. Si a ello juntamos la disminución del gasto que ya estaba prevista, habrá que sumar otros 120 o 130 millones más al recorte.

Tras el ajuste acordado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el Principado tiene un presupuesto de 3.843 millones. La educación y la sanidad suponen el 60% de esa masa de recursos, a la que habría que añadir otras partidas, como las destinadas a la dependencia y al salario social, que son también intocables para el Ejecutivo de Javier Fernández. Si esos servicios públicos mantienen intacta la cobertura presupuestaria será prácticamente imposible rebajar el déficit a los porcentajes acordados. Ninguna comunidad autónoma podrá hacer satisfactoriamente el ajuste preservando del recorte a un conjunto de partidas que representan el 70% del presupuesto. Asturias no es una excepción. Desde el verano de 2010 se han empezado a realizar ajustes en las cuentas del Principado, viéndose afectados los servicios públicos citados. La cuestión no está en discutir sobre el recorte de dinero sino en la capacidad de mantener unas prestaciones sanitarias y educativas dignas. Contar con menos enfermeros o maestros no es ninguna buena noticia, pero no significa fatalmente que pacientes y niños sufran merma en sus atenciones, como el incremento de enfermeros o maestros no implica que mejoren automáticamente las prestaciones sanitarias y educativas. Las cosas no son tan sencillas.

En las comunidades autónomas, hablar de futuros ajustes es un ejercicio de imaginación. Con Cataluña, Valencia y Murcia acogiéndose al socorro del Estado podemos estar en la antesala de una reconsideración general de las competencias autonómicas. En ese escenario, el mantenimiento del gasto sanitario o educativo dejará de ser una libre elección de los gobiernos regionales. Me imagino que el Ministerio de Hacienda marcará una directriz de gasto para esos servicios y habrá que acatarla.