Mariano Rajoy y la cúpula de la dirección nacional (Cospedal, Floriano, Arenas, Pons) del PP se reunieron con presidentes autonómicos y líderes regionales del partido. La cita tuvo lugar en la víspera de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se celebra hoy. Al convocar la reunión, Rajoy buscaba provocar el cierre de filas del partido con la política de recortes del Gobierno. Aún está reciente la discrepancia de los gobiernos de Castilla y León y Extremadura, al abstenerse de apoyar la política de ajuste presupuestario presentada por Cristóbal Montoro en la última reunión del CPFF.
Las directrices de recorte presupuestario para las comunidades autónomas se han complicado al anunciar los gobiernos de Cataluña, Valencia y Murcia su intención de acogerse al Fondo de Liquidez Autonómica. De esta forma se crean dos grupos de regiones, las que necesitan de la ayuda del Estado para refinanciar sus deudas y aquellas otras que están suficientemente saneadas para financiarse en el mercado. No puede el Gobierno dar el mismo tratamiento a unas que a otras. Lo más racional sería imponer nuevas exigencias a las regiones intervenidas y mantener los actuales controles para el resto de comunidades. Como toda la política autonómica está llena de desafíos que tienen muy poco que ver con las finanzas, la Generalitat catalana acaba de reclamar la implantación de peajes en todas las autovías del resto de España: un gobierno que pide socorro al Estado exige establecer tasas en las demás regiones.
Rajoy solicitó compromiso con la operación de consolidación fiscal a los dirigentes de su partido, y les pidió que fueran didácticos al explicar la política de ajuste a los ciudadanos. En política cuando se pide que se explique bien algo es que de entrada se entiende mal. El incremento de todo tipo de impuestos y tasas, los recortes en el gasto social, la implantación del copago farmacéutico para los jubilados, la subida del precio de la luz y las alzas de las matrículas universitarias no provocan entusiasmo en el público. Una sociedad con 5,7 millones de desempleados es difícil que respalde una política que, a corto plazo, crea más paro. Aun así, se podría aspirar a un mayor grado de comprensión si no se hubiesen dado tantos palos de ciego en siete meses. Los anuncios, rectificaciones y ocultaciones provocan escepticismo.