El borrador de la Ley de Administración Local marca un antes y un después para los ayuntamientos españoles. En el texto se plantea que los municipios con menos de 20.000 habitantes que no puedan garantizar la gestión de los servicios públicos pasen a ser tutelados por diputaciones o por los gobiernos regionales. En el caso de Asturias, podrían quedar 71 consistorios administrados por el Principado, manteniendo su autonomía, Gijón, Oviedo, Avilés, Siero, Langreo, Mieres y Castrillón. El resto serían consistorios intervenidos, por utilizar la jerga de moda. El Gobierno también plantea en el borrador de la ley la supresión de los consorcios y mancomunidades, lo que sería un serio contratiempo para Asturias, ya que los consorcios de agua, basuras y transporte constituyen iniciativas exitosas que tienen el valor añadido de atacar el irreductible localismo.
El Gobierno da un cambio radical a la gestión local sin reorganizar el mapa municipal. El valor identitario de los ayuntamientos se mantiene, pero la gestión de la inmensa mayoría de los municipios no se hará desde los consistorios, sino desde las diputaciones; en el caso de las autonomías uniprovinciales, como Asturias, la gestión correspondería al Principado. En Grecia los ayuntamientos quedaron reducidos a un tercio. Rajoy no sigue ese modelo, que podría despertar muchas resistencias, sino que vacía de contenido las competencias de alcaldes y comisiones de gobierno de los consistorios, dejando el peso de las decisiones locales en manos de las diputaciones. La famosa autonomía municipal queda desfigurada, salvo para un puñado de ayuntamientos de mayor tamaño. ¿Qué sentido tiene que los vecinos elijan un equipo de gobierno si las decisiones sobre el municipio las tomará otra institución que en muchos casos estará gobernada por un partido distinto?
Si el borrador de la ley sigue su curso, los alcaldes tendrán que pensar en plantear una alternativa. Tal como están las cosas, es mejor fusionar ayuntamientos para alcanzar el tamaño de población (20.000 habitantes) que garantiza la autonomía municipal, que mantener el actual mapa asturiano de 78 consistorios, dejando la inmensa mayoría (71) en manos del Principado. La política de austeridad origina cambios administrativos que no se podrán detener con una defensa numantina del statu quo.