IU va a llevar a las instituciones autonómicas y municipales diversas iniciativas contra la reforma de los ayuntamientos que elabora el Gobierno. La propuesta del Ejecutivo descansa sobre el nuevo papel que tendrán las diputaciones, como entes que gestionarán los servicios de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes que incurran en déficit. Los consistorios que tengan servicios deficitarios quedarán en manos de las diputaciones. La preocupación por los números rojos empuja a Rajoy a transferir, por vía indirecta, competencias municipales a diputaciones. Asturias tiene 71 ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes afectados por esta propuesta.

Para la dirección regional de IU, que coordina Manuel Orviz, la reforma de Rajoy tiene como objetivo la privatización de servicios públicos. Puede que la propuesta del Gobierno comporte una mayor penetración de la iniciativa privada en el desarrollo de competencias que ahora se prestan directamente por servicios municipales. Ahora bien, poner la gestión de servicios deficitarios en manos de las diputaciones no tiene por qué acarrear, obligatoriamente, esa consecuencia. La privatización del sector público es un clásico en el discurso opositor de IU. Cuando gobierna el PSOE, IU denuncia continuamente que gira hacia la derecha, y cuando lo hace el PP, la crítica versa sobre el maridaje de intereses de la derecha política con el empresariado. De tanto repetir ese argumento, el discurso se convierte más en un juicio sobre intenciones que sobre hechos. Si todas las advertencias de IU se hubieran cumplido, la sanidad, la educación y servicios sociales estarían al ciento por ciento en manos privadas.

Los dirigentes de IU deberían pensar que la privatización de servicios no es un mal absoluto. Lo verdaderamente nocivo es el paro o el cierre de servicios, o pagar una enormidad de dinero por unas prestaciones mediocres. Tres cuartas partes de nuestros impuestos van destinados a pagar los sueldos de los funcionarios, así que no se puede calificar de óptima la utilización de los ingresos públicos. Desde un punto de vista conceptual, lo importante es que la competencia sea de titularidad pública, y las circunstancias de cada caso harán que se preste por funcionarios o por medio de la iniciativa privada. Cuando se juega con el dinero de la gente hay que ser muy pragmáticos.