Los titulares de la crisis económica, con sus récord en paro, deudas, morosos, déficit público, cierres empresariales, emigrantes y primas de riesgo, han ocultado el fenómeno político del 2012, que no es otro que la disolución del peso político de los gobiernos regionales. Las comunidades autónomas siguen produciendo noticias, ya que sus pavorosas deudas amenazan la estabilidad económica del Estado, pero vistas en letra de periódico se asemejan a las catástrofes naturales o los incendios del estío, que impresionan por sus consecuencias sin que provoquen debate político.

Los ejecutivos autonómicos se quejan de los recortes impuestos por Rajoy, pero han renunciado a su tradicional discurso político de tintes autojustificatorios y reivindicativos. Los presidentes autonómicos no hacen las cosas que hacían ni dicen las cosas que decían.

La primera legislatura de Aznar (1996-2000), cuando el PP gobernaba con mayoría simple, y las dos legislaturas de Zapatero, al menos hasta mayo de 2010, han estado marcadas por la iniciativa política de las comunidades autónomas. De gestionar el 15% del IRPF pasaron a quedarse con el 50% de los dos principales tributos (IRPF e IVA) y el 58% del tercero (tabaco, alcohol, combustibles). Además, conquistaron el derecho a aumentar el gravamen de los tributos, como bien sabemos los asturianos.

MANDAMASES

No contentos con quedarse con más de la mitad de la cesta de impuestos, el discurso autonómico impuso el mapa de infraestructuras, con trenes de alta velocidad uniendo capitales de provincia, autovías sin tráfico, multiplicidad de campus universitarios y aeropuertos para soñar mirando el cielo sin aviones.

Los gobiernos autonómicos fueron el gran poder fáctico que condicionó las decisiones de la política nacional, como se comprobó al aprobar en el Congreso de los Diputados y el Senado el Estatuto de Cataluña, un texto que choca directamente con la Constitución y la lógica de un estado unitario. Los gobiernos autonómicos impusieron sus argumentos porque tenían dos atributos: licencia para gastar y poder político para endosarle las facturas al Estado.

Con la irrupción de la crisis económica en el verano de 2007, el protagonismo de las comunidades autónomas en la política nacional no cambió hasta que en el mes de mayo de 2010, la Unión Europea impuso el primer ajuste a Zapatero, y el Gobierno central respaldado por la UE dictó los deberes a los gobiernos regionales. A partir de entonces, el despliegue político de los gobiernos autonómicos se convirtió en repliegue, hasta llegar a la situación actual, al quedar diluido, como azúcar en café, el protagonismo político de los gobiernos autonómicos.

Las directrices europeas alteraron la lógica del gasto autonómico, la deuda soberana ahogó a los paladines de la soberanía (véase Cataluña), y las leyes de Rajoy significaron una camisa de fuerza a la expansión del déficit regional. Los tres factores unidos derrocaron el poder autonómico. Lo más sorprendente de todo es que este cambio fundamental en la política española pasa desapercibido para los observadores. Fijémonos, en lo que sucedió en Asturias en el último año.

Cuando Álvarez-Cascos formó gobierno, el protagonismo de los ejecutivos regionales aún no había desaparecido. Las comunidades autónomas seguían endeudándose, la prima de riesgo no había superado los 500 puntos, y nadie hablaba de rescates. El Consejo de Política Fiscal y Financiera era un órgano presidido por Elena Salgado en el que no se pedían cuentas a nadie. En consecuencia, los 17 gobiernos autonómicos todavía podían hacer política convencional: inversiones, planes de empleo, reducción de listas de espera, etcétera. La gente pedía cosas a Cascos y se quejaba de las dilaciones o las respuestas de su Gobierno.

VACÍO

Un año más tarde, el cambio es cualitativo. Los gobiernos autonómicos no invierten -en Asturias, la Empresa Municipal de Aguas de Gijón es líder regional en inversión-, carecen de iniciativas y reducen sus energías a defenderse de los recortes en servicios públicos esenciales. Pero lo más significativo no es el repliegue de los gobiernos regionales sino que el público ha dejado de formularles demandas. Fijémonos nuevamente en Asturias.

Javier Fernández, un presidente autonómico que ha optado por un discurso prudente sin prometer logros, no se ve abrumado por las peticiones de ayuntamientos, agentes sociales o colectivos ciudadanos. El Principado dejó de ser el rompeolas de la región. De las comunidades autónomas nadie espera nada. Toda la atención y las demandas están puestas en el Gobierno central, desde el plan de la minería hasta los 400 euros de los parados, pasando por las críticas hacia el copago farmacéutico, las rebajas de sueldo a los funcionarios, la implantación de reválidas en la enseñanza no universitaria, la eliminación de las pagas a los familiares que cuidan a dependientes, la subida del IVA y la retirada de incentivos fiscales para la compra de vivienda.

No es mala la pérdida de protagonismo de los gobiernos regionales, conocidos los excesos en que incurrieron, pero ese derrumbamiento súbito del muro autonómico ha dejado un vacío. Entre Rajoy y los ciudadanos (sean mineros, universitarios o dependientes) hay un espacio sin articular. En ese nuevo escenario, Víctor Manuel lidera la programación cultural del Niemeyer. 

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