Estos días empiezan las negociaciones entre el Principado y los sindicatos de la Administración para aplicar las medidas tomadas por el Gobierno de Rajoy acerca de los funcionarios. La decisión de elevar la jornada semanal en dos horas y media (de 35 horas a 37,5 horas) permite una reorganización del trabajo, para que con la misma mano de obra se pueda sacar adelante más tarea. En algunos casos era necesario realizar horas extra, y a partir del aumento de jornada será posible prescindir de ese gasto extraordinario. En otros casos se recurría a contrataciones temporales, que pueden ser ahora innecesarias. Bien es cierto, que como en la Administración no hay costumbre de trabajar por objetivos, ni está implantada la contabilidad de costes, es probable que en muchos casos el aumento de dos horas y media a la semana no redunde en nada efectivo, porque las ineficiencias quedan ocultas. No obstante, en algunos servicios, como la educación y la sanidad, es muy fácil ahorrar dinero con las mismas plantillas.

Los sindicatos rechazan los planes del Principado sobre la aplicación de la nueva jornada. Trabajar más y ganar menos (no habrá paga extra de Navidad) no es una estrategia que les haga felices. En cualquier otra coyuntura la propuesta se vería como una provocación, pero la crisis económica ha producido un cambio de categorías. Antes de sentarse a negociar, los sindicatos han encontrado la fórmula de rehusar la dieta que no les gusta: la declaración oficial de insumisión. Piden al Principado que se declare insumiso y no lleve a cabo las medidas decretadas por Rajoy. Hay algunos gobiernos autonómicos que han amenazado con no cumplir las órdenes del Ejecutivo central. En el País Vasco, el PNV ha dicho que no eliminará en las diputaciones la paga extra y en otras regiones se quiere dejar sin efecto el incremento de jornada.

El Gobierno de Javier Fernández ha dicho que cumplirá los compromisos institucionales. Cabe añadir, que cualquier asomo de insumisión producirá frustración, porque el Gobierno de España tiene muchas maneras de asegurarse el cumplimiento de sus disposiciones: desde el recurso a los tribunales hasta dejar de adelantar dinero a los gobiernos autonómicos a cuenta de la recaudación, pasando por la suspensión de los convenios que firma con cada autonomía. En democracia, la insumisión no es una alternativa.