Mercedes Fernández y Cuervas-Mons dieron a conocer algunos datos del sector público. 23 sociedades dependientes del Principado deben 426 millones de euros, pese a recibir una subvención de 160 millones. La presidenta del PP pidió que se adelgace el sector público, porque hay “muchos instrumentos prescindibles, obsoletos y distorsionan la competencia”. El PP propone la constitución de una comisión en la Junta General del Principado para estudiar la reordenación de las empresas públicas, y manifiesta que esta labor ya se ha hecho en la mayoría de las comunidades autónomas.

Es de agradecer a los dirigentes del PP que pongan estos datos sobre la mesa, porque permiten abrir la discusión sobre una tarea pendiente que debe abordarse sin dilaciones. El Gobierno de Rajoy pidió a los ejecutivos regionales que reduzcan los entes dependientes de la Administración y la disminución del déficit público debe pasar forzosamente por esa vía. Lo que llama la atención del PP asturiano es que tome con tanto interés esta cuestión, cuando hace nueve meses se opuso frontalmente a ella. El PP y el grupo parlamentario socialista votaron en la Junta General del Principado a favor de quitar al Gobierno de Álvarez-Cascos las competencias sobre el sector público, en un momento en que el Ejecutivo de Foro había planteado la venta de Sedes y el recorte en la RTPA. Ahora, Mercedes Fernández propone deshacerse de Sedes. En la política asturiana hay grupos de oposición que cambian de parecer según el color del Gobierno.

La reducción del sector público es una tarea que corresponde al Principado. No tiene mucho sentido crear una comisión en el Parlamento para estudiar el recorte, porque sería una forma de dilatar la decisión con reuniones, estudios y debates. El Principado tiene que llevar una opción ultimada a la Cámara para aprobarla con el apoyo de sus socios. Los dirigentes del PP dicen que la reorganización del sector público ya se llevó adelante en la mayoría de las comunidades autónomas, y esto, por desgracia, no es así. Pese a la petición de Rajoy, la inmensa mayoría de las empresas dependientes de las autonomías siguen tan activas como antes de la crisis económica. Buena parte de la falta de credibilidad del plan para reducir el déficit en España se debe al caso omiso que hacen las comunidades autónomas de las directrices del Gobierno.