El Principado está dispuesto a liquidar la deuda que tiene con los ayuntamientos en dos plazos, el 50% del importe el próximo mes y el resto antes de acabar el año. Muchos consistorios están endeudados, lo que les impide solicitar créditos, y no disponen de recursos propios para costear los servicios que prestan de titularidad autonómica (las llamadas “competencias impropias”). La mayor parte del débito contraído por el Principado con las corporaciones municipales se concentra en los servicios sociales, que los ayuntamientos gestionan sin recibir, hasta hora, dinero del Gobierno regional.

Este año, dado el particular desarrollo que tuvo el curso político con el rechazo al presupuesto del Gobierno de Cascos, en enero, la convocatoria electoral, en marzo, y la formación del Ejecutivo de Javier Fernández, a finales de mayo, los procedimientos administrativos llevan un especial retraso. Se estuvo funcionando casi todo el tiempo con el último presupuesto del Gobierno de Álvarez Areces prorrogado, y solamente hace poco más de un mes el Consejo de Política Fiscal y Financiera dio el visto bueno al ajuste presupuestario realizado por Javier Fernández sobre las cuentas de Álvarez Areces. Aún así, la aprobación del ajuste no ha servido, por ahora, para agilizar los asuntos pendientes, ya que el Principado todavía no ha encontrado intermediarios financieros que le otorguen el crédito de 423 millones que necesita para cumplir con los objetivos marcados.

La situación económica del Principado es un tanto engañosa, porque aunque presenta una deuda baja con respecto a la de otras regiones, en el ejercicio de 2011 hubo un desequilibrio en la ejecución de las cuentas superior a la medida española, y en el actual ocurre lo mismo, con una previsión de desviación en el déficit superior a la de otras regiones. Cuando esto ocurre, la aparición de tensiones en tesorería es algo inevitable. En el último trimestre del año, el Ejecutivo de Javier Fernández va a tener que intensificar el control sobre el gasto, ya que los ingresos por tributos son inferiores a los programados. En este contexto, pagar deudas atrasadas a ayuntamientos no es una tarea sencilla, aunque la papeleta de los alcaldes es aún más difícil de resolver. Las tres administraciones se piden dinero unas a otras, y ninguna tiene un pariente rico que pague los pufos.