Con la petición oficial de rescate de la Generalitat al Gobierno de España se derrumba el mito de la Cataluña moderna, progresista, ahorradora y eficiente. El despilfarro iniciado en la época de Jordi Pujol (embajadas, canales públicos de televisión y los sueldos más altos de la sanidad autonómica), acrecentado con los dos gobiernos tripartitos presididos por los socialistas, y rematado con la vuelta de Convergencia al poder, llega a su fin. La comunidad autónoma más poderosa (casi un 20% del PIB español), y la segunda en número de habitantes, pide con urgencia que le suministren 5.000 millones de euros para pagar las nóminas de sus empleados y hacer frente a sus compromisos de pago. Los que nos quieren dar lecciones de democracia, eficacia y competencia al resto de autonomías no tuvieron empacho en endeudarse en más de 40.000 millones de euros, para después pedirle al Gobierno centralista que les suministre crédito para poder pagar sus deudas. Lo más simpático del asunto está en que lanzan el mensaje de socorro y anuncian, a la vez, que el dinero solicitado debe serles remitido sin condiciones. Es un caso único de deudor que impone las cláusulas del préstamo al acreedor. Con otras palabras: un “pufista” que amenaza al banco.

El “default” catalán debe servir para sacar conclusiones políticas. El margen de gestión de las comunidades autónomas tiene que ser revisado. El uso hecho por Cataluña de los llamados “bonos patrióticos” (títulos basura que se vendían como solventes debido a la tolerancia del Ministerio de Economía y atraían al público con el anzuelo del 5% o 6% de interés) deteriora el equilibrio de las cuentas del Estado. Por culpa de esos títulos basura tiene que crear el Gobierno el Fondo de Liquidez Autonómica para refinanciar la mastodóntica deuda de los “patriotas”.

Durante treinta años, en épocas de crisis y de bonanza, ha funcionado el mecanismo perverso de realizar demandas políticas al Gobierno central de imposible satisfacción para obtener como compensación ventajas económicas y libertad absoluta de gestión. No es de recibo que Mariano Rajoy se apreste a “ayudar a Cataluña”, como dice el presidente, mientras la Generalitat mantiene una televisión autonómica que le cuesta casi 400 millones de euros al año. No se puede rescatar a Cataluña con los mismos argumentos que la llevaron al hundimiento.