A las dificultades económicas creadas por el gasto de las administraciones, la implicación de los bancos en el negocio del ladrillo y el alto nivel de desempleo se suma ahora una batalla interna entre territorios ricos y pobres que amenaza con diluir el nexo entre regiones. Por si no teníamos bastante con luchar contra el déficit y refinanciar las deudas nos topamos con una polémica artificial sobre el exceso de generosidad de algunas comunidades autónomas y los excesivos fondos recibidos por otras. Como siempre, la polémica la acaba de reabrir Cataluña, que amenaza con crear su propio estado, harta de contribuir a la financiación del Estado.

Durante los mandatos de Zapatero ya conocimos la queja catalana por su fatiga fiscal. El tripartito (PSC-ERC-IU) encabezado por Maragall exigió entregar menos dinero a la caja común para gastarlo en Cataluña. La prueba del algodón, en versión catalana, estaba en las balanzas fiscales que el Gobierno central aceptó publicar. En la diferencia del dinero que salía de Cataluña con destino al resto de España y el entregado por el Estado a los catalanes estaba el agravio comparativo. Una forma de simplificar un problema complejo. Ejemplo: las inversiones del Ministerio de Fomento en Aragón, correspondientes a la línea de Ave entre Madrid y Barcelona, no se contabilizan como una entrada en la balanza fiscal catalana porque están hechas fuera de su territorio, cuando benefician tanto a Barcelona como a Zaragoza. Otra consideración, el IVA que pagan los asturianos al comprar cava catalán aparece como un ingreso propio de los catalanes, sin aportación del resto de España. Como si los asturianos, los andaluces o los valencianos no estuvieran contribuyendo a la prosperidad de Cataluña con el pago de sus impuestos.

   BALANZAS

Tras la publicación de las balanzas fiscales se negoció el actual sistema de financiación autonómica, aprobado en diciembre de 2009. La disensión entre territorios conoció una pausa de dos años y medio. Durante ese tiempo no se escuchó el discurso del agravio. El pasado mes de julio, la Generalitat levantó la bandera de la soberanía fiscal y reclamó para ella el concierto económico del País Vasco y Navarra, dos auténticas excepciones en el mapa fiscal español, acogidas a una disposición adicional de la Constitución que ampara los “derechos históricos de los territorios forales”; una rasposa concesión realizada por el presidente Suárez al lendakari Garaicoetxea en una época que ETA asesinaba a una velocidad de cien personas/año. A partir de ahora Cataluña quiere recaudar todos los impuestos y pagar un canon (cupo) al Estado, como peaje por pertenecer al mismo club.

¿Cómo les  va a las comunidades autónomas con el actual modelo de financiación? Aquí hay que distinguir entre la marcha económica de los territorios, derivada de los avatares del sector privado, y los números de las administraciones, producto de la gestión de sus entes públicos. Para hablar de la riqueza o pobreza de una región se recurre a la renta “per capita”. El País Vasco va en cabeza; pese a la aguda crisis económica, entre 2008 y 2011 aumentó su renta, mientras que Asturias perdió un 1,7%. Mucho mayor fue el retroceso de Madrid, al dejarse 3,8 puntos. ¿Sorteamos mejor la crisis económica que los madrileños?

Es evidente que no. La “renta per capita” es un buen medidor para dinámicas homogéneas de población, pero no para comparar realidades poblacionales desiguales. Asturias pierde habitantes y Madrid los gana. Al dividir la riqueza (PIB) por el número de habitantes, la renta de los asturianos sale mejor parada que la de los madrileños que a cada año ven crecer el divisor de la operación. Los vascos también se benefician del estancamiento poblacional. Además, hay que considerar que Madrid hace el mayor esfuerzo de solidaridad de todas las regiones, con el actual sistema de financiación, al aportar 2.500 millones de euros al fondo de garantía de servicios, para financiar la educación, la sanidad y los servicios sociales de las regiones más desfavorecidas. Da casi cuatro veces más que Cataluña, con un millón de habitantes menos, y no siente fatiga fiscal.

    DEUDAS

Entre 2008 y 2011 a los catalanes no les fue mal, ya que en medio de la recesión sólo perdieron el 0,7% de su renta “per capita”. Un dato muy a tener en cuenta dado que creció su población. La protesta de la Generalitat, la apuesta por crear un estado separado de España, no proviene del discurrir de la economía catalana sino del desastre presupuestario de la Generalitat, ahogada en unas deudas que rozan ya los 44.000 millones de euros (del anterior chequeo al actual aumentó en 2.000 millones su deuda). Una gestión desastrosa que les llevó a pedir -y recibir- al Estado a lo largo del presente año una cantidad extra de 3.941 millones de euros, entre pagos a proveedores, liquidaciones adelantadas y devoluciones a cuenta, a lo que hay que sumar los más de 5.000 millones que tiene prometidos del Fondo de Liquidez Autonómica, a recibir en octubre. Cataluña recaba la soberanía fiscal, pero no pide autonomía en la Seguridad Social, porque sus cotizaciones sociales en el año 2011 fueron de 7.462 millones de euros y sus gastos se elevaron a los 11.422 millones. Con opacidad y demagogia nos vemos abocados a otra guerra de cifras entre territorios. Debe ser que estamos sobrados de problemas.