En el debate sobre orientación política en el Parlamento catalán, el presidente, Artur Mas, afirmó que en caso de no contar con el visto bueno de las instituciones del Estado, la Generalitat llevará a cabo el referéndum de autodeterminación. En la Constitución española no hay encaje para una propuesta de ese tipo, pero Artur Mas está dispuesto a llevarla a cabo, pese a ser ilegal. En treinta y cinco años de democracia ningún gobernante se atrevió a transgredir de forma tan flagrante la Constitución, pero lo verdaderamente llamativo es la ausencia de una respuesta del PP y del PSOE a la altura del desafío secesionista. Es mucho más preocupante la pasividad de los grupos que deben defender la Constitución, que el atrevimiento de los partidos nacionalistas al incumplirla.

Ante una opinión pública descreída y atónita, la Generalitat anuncia la consulta de la autodeterminación al mismo tiempo que le pide 5.023 millones de euros al Gobierno para pagar a los proveedores y hacer frente a la devolución de créditos. Para la próxima semana necesitan 471 millones y el consejero de Economía catalán presiona a Montoro para que le mande urgentemente el dinero. Tres décadas cediendo, poniendo buena cara a los desprecios que asemejaban España con la reacción y Cataluña con el progreso, mirando para otro lado cuando el castellano quedaba desterrado de la enseñanza reglada, entregándoles el negocio del gas para aprobar los presupuestos del Estado, tienen este corolario: con una mano dicen “adeu” a Madrid y con la otra piden una millonada de euros al Gobierno.

Como ningún líder político de los grandes partidos les ha puesto sobre la realidad, Artur Mas se ha atrevido a decir que Cataluña aspira a ser tan solvente como Dinamarca. Lo dice el presidente del gobierno más insolvente de las diecisiete comunidades autónomas, que debe 44.000 millones de euros y no tiene forma de pagarlos, ni aunque saque a la venta el Barrio Gótico de Barcelona. Artur Mas avanza en sus planes ante la pasividad y el silencio de populares y socialistas. Gracias a ello va a recibir los 5.023 millones, mientras Asturias no podrá contar con los 423 millones que necesita, porque la prioridad del Ejecutivo de Rajoy es refinanciar las deudas de las comunidades que emitieron “bonos patrióticos” a intereses desmesurados. ¿No habrá un líder asturiano que diga algo?