El PP pidió en la Junta General del Principado la elaboración de un estudio para determinar qué entes de la Administración autonómica deben mantenerse y cuáles tienen que ser suprimidos o fusionados. La iniciativa del diputado popular, Cuervas Mons, obtuvo el rechazo de los otros cuatro grupos parlamentarios. Las variadas razones dadas por el resto de portavoces no fueron muy convincentes porque obvian el fondo de la cuestión.

El sector público regional, entendiendo por tal el abigarrado grupo de entes, fundaciones, empresas y organismos autónomos del Principado debe adelgazar. No es que haya indicios de ineficacia, porque sobre ese punto hay certezas, sino por la imposibilidad de financiar una estructura costosa que ha crecido extraordinariamente en los últimos quince años. El Principado carece de recursos para pagar tantos entes que fueron creados para poder gestionar sin las ataduras de la Administración, lo que hace ineludible aplicar la tijera. Como no se puede actuar a la ligera es oportuno realizar un estudio pormenorizado de cada uno de ellos para poder resolver. El objetivo de la propuesta de Cuervas Mons no es malo. No tiene sentido decir, como ha hecho la portavoz socialista Marina Pineda, que el anterior Gobierno del Principado se gastó 133.000 euros en realizar auditorias que no sirvieron para nada. Si el Gobierno de Foro quedó en minoría y finalizó la legislatura a los ocho meses de iniciarla es evidente que no hubo tiempo para resolver el problema. La cuestión está en que no le corresponde al Parlamento iniciar un estudio sobre ese asunto, ya que está ligado a la actividad del Ejecutivo. El Gobierno de Javier Fernández debe estudiar, valorar y decidir lo que hay que hacer con el sector público. Los grupos parlamentarios no pueden jugar a sustituir al Gobierno del Principado. En la pasada legislatura se incurrió en la perversión de arrancar al Gobierno regional la competencia sobre los entes que le tocaba gestionar, creando una situación completamente anómala. En ningún sistema democrático el poder legislativo administra entes que están constituidos para la acción del Ejecutivo.

Pese a estar en situación de emergencia económica, ni en Asturias ni en el resto de comunidades autónomas se están dando los pasos necesarios para reducir la Administración. Tendrá que venir la “troika” con el hacha.