En los próximos días se va a celebrar el debate sobre el estado de la región, a los cuatro meses de haber tenido lugar el debate de investidura. Una vuelta a los mismos temas, con idénticas reflexiones, que sólo servirá para comprobar el grado de sintonía del Gobierno con los grupos más cercanos, IU y UPyD. La sesión parlamentaria será un acto de repetición que bien podría haberse sustituido por un acuerdo entre el Gobierno y los grupos de oposición para establecer las comparecencias semanales del presidente y los consejeros, como hacen los sucesivos gobiernos nacionales en el Congreso de los Diputados. ¿Estará Pedro Sanjurjo por la labor de muñir ese acuerdo?
En cuatro meses pasaron pocas cosas, o mejor, pasaron cosas tremendas, pero con el centro de decisión fuera de Asturias. La actividad del Gobierno regional está bloqueada por el stop del mercado financiero. El Principado sigue negociando la concesión de un crédito de 423 millones de euros para refinanciar deudas y acometer inversiones. Mientras el Principado habla con las entidades crediticias, las comunidades autónomas, una detrás de otra, la última fue Canarias, pican a las puertas del Gobierno central para solicitar dinero. Quién lo iba a decir: el Gobierno de España se ha convertido en el banquero de las comunidades autónomas. Fuera del canal oficial no hay recursos para los insolventes. Ahora se ve claro que sin el fracaso rotundo de la Generalitat, que debe 44.000 millones de euros y no tiene dinero para pagar la factura de colegios y hospitales, no se entiende el órdago de la independencia: el Gobierno le suministra más dinero (ya le lleva dados este año miles de millones extra) y el generoso Artur Mas aplaza la consulta sobre la autodeterminación.
ASOMBRO
Las deudas de Asturias no encajan bien en el protocolo del Fondo de Liquidez Autonómica, porque el Principado no emitió bonos patrióticos, como los catalanes o los valencianos, ni debe grandes cantidades a acreedores extranjeros. En resumen, que de los 423 millones, Rajoy sólo nos dará 261 en caso de petición. A ver si captamos el mensaje, si se gestiona con prudencia no hay crédito, pero si se cometen las extravagancias de los catalanes, con sus embajadas por medio mundo, los canales de televisión de casi 500 millones de euros y los bonos patrióticos al 4% de interés, llega el Gobierno central y se hace cargo de los pufos: 400 millones enviados para Barcelona la pasada semana y 560 la próxima. El Gobierno concederá 5.032 millones en préstamos a Cataluña, a cargo del Fondo de Liquidez Autonómica. Sin embargo, Asturias tiene el techo del crédito en 261 millones. Espectacular.
La concertación social, uno de los principales asuntos en la agenda de Javier Fernández, está detenida a la espera de que se despeje el crédito al Principado. No hay otra razón para que no se convoquen reuniones con luz y taquígrafos, dado que en el pacto social la clave está en las fotos: poses serias, carteras abultadas, declaraciones contundentes. Hace unas semanas, Graciano Torre manifestó que ya estaba muy avanzado el acuerdo, pero como no hay reuniones oficiales, hay que entender que se está en tiempo muerto.
La concertación social está llena de paradojas, ya que su virtualidad no reside en el contenido social sino en los correlatos políticos. La concertación supone un gran aval para un gobierno de izquierdas, y es un paso necesario para contar con el apoyo de IU en los presupuestos. Si los sindicatos no pactan con el Gobierno socialista, el Ejecutivo de Javier Fernández no tendrá a IU como aliado para aprobar las cuentas. Hay que aclarar que el bien general de la región no se beneficia de la concertación, al contrario, la necesaria austeridad queda mucho más garantizada sin acuerdo que con acuerdo. La concertación social es una liturgia que deja marcado al gobierno de turno con la etiqueta socialdemócrata, que sirve para distinguir a los buenos de los malos. Asturias es así.
UPyD
En los cuatro meses de mandato no hemos vuelto oír hablar de las condiciones impuestas por UPyD para el pacto de legislatura con el Principado. El motivo no reside en la falta de financiación, sino en la particularidad de las propuestas. Nadie considera que las prioridades de la coyuntura asturiana descansan en la reforma de las circunscripciones electorales, la reducción de municipios y la constitución de una comisión parlamentaria de investigación sobre el “caso Renedo”. Un pacto de legislatura que no se centra en el abordaje de la crisis económica es un cuerpo extraño en el debate político regional.
En el breve periodo que llevamos de mandato, el mensaje más recurrente del Gobierno regional fue la visualización de las líneas rojas en la sanidad y la educación. Se aceptan los recortes con tal de que no dañen la calidad de los servicios esenciales. Un objetivo tan loable como imposible. Entre el presupuesto del Estado del año 2008 y el reciente proyecto de cuentas de Rajoy para 2013, las inversiones reales y las transferencias de capital disminuyeron en un 56%. La degradación del stock de capital público es tan evidente que no se podrá mantener la calidad de los servicios.
Por cierto, hablando de líneas rojas, no estaría mal que en el debate sobre el estado de la región los distintos portavoces consensuaran que el principal trazo en rojo hay que marcarlo sobre el empleo, en una región con 100.000 parados.