De las intervenciones de Javier Fernández en el debate de orientación política se deduce que los objetivos inmediatos del Gobierno regional son la formalización del crédito de 423 millones de euros, la firma del pacto de concertación social y la elaboración y aprobación de los presupuestos.
El crédito permitirá refinanciar y acometer inversiones; el presidente ha dado a entender que a lo largo de la semana puede quedar ultimada la operación. Desde el mes de agosto se ha especulado sobre la ventanilla en que se va a pedir el dinero, pública o privada, y al final va a ser en las dos. Como reconoce hoy en EL COMERCIO la consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, el crédito más barato lo suministra el Gobierno central, a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), pero por esa vía tenemos un tope de 261 millones, debiendo recibir el resto de los bancos. Es verdaderamente increíble que para pagar las facturas de hospitales y colegios Cataluña reciba, en tres semanas, 1.500 millones de euros, mientras que Asturias no tenga derecho a obtener más de 261 millones. El FLA está constituido como un traje a la medida de Cataluña y Valencia, sin tener en cuenta las características de regiones, como Asturias, mucho memos endeudadas. El Gobierno de Rajoy tiene una forma muy curiosa de actuar: premio a los malos y penalización a los buenos.
El resto del dinero debe venir vía privada. Aunque dicen que el dinero no tiene patria, los bancos sí tienen historia, y todo indica que la ayuda generosa procederá de dos entidades asturianas y una tercera, que también es asturiana.
La demora en la negociación para recibir financiación se ha acompañado de un retraso en la elaboración de los presupuestos y en la negociación del acuerdo de concertación social. En otros mandatos autonómicos del Partido Socialista, el pacto social estaba ya masticado a estas alturas del calendario, en cuanto al proyecto de presupuestos, Rabanal ya había elaborado el borrador. En el bronco curso político del 2011, retrasos de este tipo se calificaban de “parálisis” en la Administración.
Por paradójico que resulte, creo que hoy día el retraso no perjudica los intereses generales de la región y en algunos casos produce efectos positivos. Veamos.
El norte de la acción del Principado, como del resto de gobiernos, es la lucha contra el déficit público. Otro tipo de metas, como el mantenimiento del estado del bienestar, tienen un carácter ideológico o programático, pero no son la referencia clave para gestionar la coyuntura.
CRÉDITO Y PACTO
Las vías de obtener más ingresos están ya prácticamente agotadas con resultado negativo: pese a la subida de tributos al finalizar agosto se había recaudado en España 5.000 millones de euros menos que en el 2011, así que queda como única arma recortar gastos. La mejor manera de evitar desbordamientos en el gasto consiste en no acometerlos. La demora en obtener financiación para relanzar inversiones ha impedido profundizar en el déficit. La imposibilidad de obtener créditos condujo en el primer cuatrimestre del año a un resultado sorprendente: la obtención de superávit. Es evidente que esa estrategia no se puede prolongar por mucho tiempo, porque se incurre en un impago masivo de facturas, pero de cara al cierre del ejercicio seguro que sirve para contener el gasto corriente. El Principado sufre tensiones de tesorería, pero son hasta cierto punto soportables al lado de lo que ocurre en regiones como Valencia, Andalucía o Cataluña, en que los servicios públicos se quedaron sin reserva de fondos.
Otro retraso, el pacto social. El proceso de concertación social tiene efectos políticos, ya que el disenso de los sindicatos es un obstáculo para que IU apoye los presupuestos. Desde una perspectiva presupuestaria la concertación social está contraindicada en la terapia contra el déficit público. El pacto social conlleva incremento de gasto, sin rastro de ahorro. La patronal y las centrales sindicales son fervientes partidarias del acuerdo social, porque les da a ellas más ventajas que a nadie, pero en esta ocasión no claman tanto por el pacto, quizás porque sospechan que encima de la firma no habrá suficientes recursos. El retraso de la concertación social es positivo para evitar más presiones de las necesarias sobre los presupuestos.
PRESUPUESTOS
La demora en la elaboración de los presupuestos ni beneficia ni perjudica, más allá de que hay unos plazos legales establecidos que cumplir. Cuanto más tiempo transcurra mejor se entreverá el resultado de 2012, que es la base para construir las cuentas del 2013. No se puede caer en la impostura de los presupuestos del Estado, con una previsión de crecimiento y de ingresos fantasiosa. Para la viabilidad de los presupuestos, el punto crítico será la negociación con IU, que se acometerá en el mes de noviembre. Con UPyD no habrá tantos problemas porque acepta los condicionantes de la situación económica.
El efecto neutro o positivo en la ralentización de las actuaciones tiene una importante excepción en la reestructuración del sector público. Haberse dotado de un calendario más exigente hubiera contribuido a contener el déficit. El sosiego que nos damos en el 2012 se convertirá en urgencia en el 2013. Falta convencimiento para reducir la Administración, pero el estado de necesidad impulsará el cierre de organismos.