El Gobierno regional ha deshojado la margarita del crédito con una operación mixta, público-privada, consistente en recibir 261 millones del Ministerio de Hacienda, a través del Fondo de Liquidez Autonómica, y los 162 restantes de cinco entidades bancarias (Lilberbank, Banco Herrero, Caja Rural, La Caixa y BBVA). El objetivo de financiarse exclusivamente en el mercado no fue posible, aunque lo negoció durante meses el Principado. Asturias es la octava comunidad autónoma que pide ayuda al Estado para hacer frente a sus compromisos de gasto. Es probable que la propia constitución del Fondo de Liquidez Autonómica haya retraído a los bancos para dar crédito, ya que es más seguro tener como deudor al Estado que a los gobiernos regionales. Más de una vez sostuvimos que rehusar el mecanismo de financiación estatal supondría un plus de calidad para el Principado, al mantener la independencia con respecto al Ministerio de Hacienda y demostrar en la práctica que se goza de la total confianza de los bancos. Al final no quedó otro remedio que picar a la puerta del Estado, lo que implica una mayor vigilancia por parte del Ministerio de Hacienda, al sumar la nueva condición de acreedor a la inherente a su competencia ministerial.

El Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) suministra crédito al 5,6% de interés, con los dos primeros ejercicios exentos de la necesidad de amortizar; las cinco entidades bancarias lo hacen al 6,5% de interés, con un año libre de la obligación de amortizar. Las condiciones del FLA son mucho mejores, pero Asturias tiene el tope de 261 millones para beneficiarse de ellas. Mientras que Cataluña recibirá los 5.032 millones demandados (ya le fueron transferidos 1.500), Asturias no puede superar los 261 millones, pese a que necesita 423. Los catalanes forman una comunidad siete veces más poblada que Asturias, pero el Gobierno les entrega casi veinte veces más de dinero. El FLA es un traje a la medida de los catalanes, sin la talla adecuada para los asturianos. El Principado gobernó con más prudencia que la Generalitat (9,8% de deuda frente al 22%), pero el Gobierno indulta el despilfarro y penaliza la moderación. No me sorprende que Rajoy ideara un sistema de crédito orientado hacia Cataluña o Valencia, lo que me parece increíble es que nuestros dirigentes no alcen la voz denunciando la discriminación.