Viernes negro para el mercado laboral asturiano, con la publicación de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al tercer trimestre del año, en la que la cifra del desempleo se ha elevado a 105.900 personas. Récord asturiano. En el último año, el paro ha aumentado en 23.700 trabajadores en nuestra región; en términos relativos, sólo en Extremadura hubo un mayor incremento. En los meses del verano, tiempo propicio para las contrataciones, el desempleo ha aumentado en el 4,1%, mientras que la media española estuvo en el 1,4%. Un conjunto de datos que nos llevan a una primera conclusión: el ritmo de destrucción de empleo es más elevado en Asturias que en el resto de España, ya que en el último año el 75% del crecimiento del paro se debió a la rotura de vínculos contractuales. Sólo una pequeña parte del paro fue causada en nuestra región por la incorporación de nuevas demandas al mercado de trabajo.
La EPA es el sistema que se utiliza en Europa para contabilizar el paro. Hace unos pocos años, la EPA registraba en Asturias 40.000 desempleados (en las oficinas de empleo había 10.000 más), y ahora rozamos los 106.000. La crisis económica afecta con especial fuerza al continente europeo, pero en España tiene un rasgo diferencial: el desmedido crecimiento del desempleo; sólo Grecia, en los dos últimos años, llegó a igualar nuestra pasmosa facilidad para destruir puestos de trabajo. En otros países, el estancamiento del PIB o unas décimas de recesión no producen tanto paro.
QUIEBRA
Con 5.778.100 desempleados en España y 105.900 en Asturias, el paro se ha convertido en una epidemia que tiene enormes repercusiones políticas, poniendo en solfa todo el sistema, al deslegitimar las instituciones políticas y desautorizar a las privadas. Con un paro nacional por encima del 25%, con más de tres millones de desempleados de larga duración, el contrato social se rompe. Del terreno de la negociación se pasa al campo de la protesta. Las movilizaciones en la calle se plantean como una enmienda a la totalidad del sistema, sin que quepa desactivarlas por la vía de contrapartidas concretas. Nunca la imagen del Gobierno, el Parlamento, las comunidades autónomas o la banca estuvo tan desacreditada. Barrunto que en la próxima huelga general del 14 de noviembre, la crítica a los sindicatos, con su amplia nómina de liberados, va a dar paso a la protesta contra las instituciones.
El cuadro general se complica a partir de una constatación generalizada: la ciudadanía sabe que el objetivo del Gobierno, la rebaja del déficit público, va a crear aún más paro. En las pasadas décadas, no recuerdo otra situación en que los planes del Ejecutivo chocaran tanto, a corto plazo, con los intereses de la población. La idea de rebajar el déficit y, tras alcanzar la estabilidad presupuestaria, crear puestos de trabajo, no es compatible con las urgencias del personal por salir de esta situación. Cuando aumenta el paro en 800.000 personas, como pasó en España en el último año, la gente no acepta el discurso que promete salvación a largo plazo.
Desde la agudización de la crisis en el sector financiero, con el derrumbe de Bankia, en el pasado mes de mayo, la ciudadanía entiende que sus impuestos no van destinados a activar la economía, sino a dar ayudas a la banca y a los acreedores internacionales. Cristóbal Montoro declaró que los presupuestos del Estado para 2013 son los más sociales de la historia, aunque si exceptuamos la amplia subvención al desempleo y la partida a las pensiones, lo que más destaca es el destino de recursos para hacer frente a compromisos que no mejoran la calidad de vida de los ciudadanos.
DOS MEDIDAS
El afán reformista de Rajoy tuvo su principal exponente en la reforma laboral; cuando pasaron seis meses desde su aprobación, el Gobierno no habla ya nunca de ella, porque sólo ha servido para incrementar el ritmo de despidos laborales. ¿Qué se puede hacer ante esta situación? En la mano de las instituciones políticas está la posibilidad de tomar dos medidas concretas que aliviarían tanto sufrimiento social.
Desde el último trimestre de 2008, cuando empezó la escalada del paro, los gobiernos españoles desdeñaron la vía del pacto de rentas. Ahora, en una situación mucho más delicada, sigue siendo una medicina que está a nuestro alcance para frenar la destrucción de puestos de trabajo. Por duro e injusto que resulte, es mucho menos traumática una pérdida generalizada de poder adquisitivo de salarios, acompañada también de un compromiso de limitación de usos del excedente empresarial, que la sangría de la pérdida de empleos. Es necesario que el Gobierno tome la iniciativa, y en ese momento se verá quién tiene un discurso solidario y quién utiliza la retórica para ocultar el egoísmo de grupo o los privilegios de casta.
Segunda consideración. Carece de sentido, que los gobiernos autonómicos, empezando por el asturiano, hablen de establecer líneas rojas en la sanidad o la educación, cuando hay 1,7 millones de hogares en los que no trabaja nadie, y en el último año se han incorporado 850 familias cada día a esa situación. La sanidad y educación pública son una barrera frente al empobrecimiento y el atraso, pero el alto nivel de paro ha creado una situación de emergencia social que obliga a destinar más recursos a la actividad económica. Los 100.000 parados bien merecían la consideración de línea roja.