Con la excepción de Extremadura, todas las comunidades autónomas presentan proyectos presupuestarios recortados. Entre el cinco y el diez por ciento es el ajuste de las cuentas para 2013, con respecto a 2012. Si este año hay que terminar el ejercicio sin superar el 1,5% de déficit público, para el próximo año el techo está puesto en el 0,7%. Los deberes marcados por el Gobierno central se inscriben dentro un objetivo global para el Reino de España que consiste en terminar el 2014 con un déficit conjunto de las tres administraciones (ayuntamientos, comunidades autónomas y Administración central) que no exceda del 3%. En la planificación realizada por el Gobierno, las comunidades autónomas deberán finalizar el 2014 con un déficit de una décima (0,1%), reservando para la Administración central y la Seguridad Social la mayor parte del desfase entre gastos e ingresos.

La Comisión Europea y la opinión pública española miran con recelo la gestión de los gobiernos regionales, lo que ha movido a estos a ser más rigurosos con los presupuestos. En el debate en los medios se llega a decir que los problemas de déficit y deuda de España están originados por las comunidades autónomas, lo que supone una presión extra al elaborar las cuentas. En el caso de Asturias, la suma de recursos presupuestarios no llegará a los 3.700 millones, con el frenazo en las inversiones y el recorte en sanidad como principales fuentes de ahorro. Las subidas fiscales están más destinadas a dar un perfil ideológico a la acción del Principado que a aumentar sensiblemente los ingresos por recaudación. El ajuste se realiza en Asturias, como en el resto de los territorios, por la vía de la poda de gastos. Desde el ámbito de las comunidades autónomas se puede esperar cualquier cosa menos la reactivación del empleo.

Este es el plan previsto, pero yo creo que habrá significativas variaciones. La negociación política con la Generalitat, para neutralizar la marcha hacia el referéndum de autodeterminación, obligará al Gobierno de Rajoy a hacer diversas concesiones económicas. Hay un clamor de protesta entre los gobiernos regionales sobre el injusto reparto de las cuotas de déficit concedidas a las tres administraciones, así que la queja catalana podrá servir para elevar el techo de 0,7% de déficit público, una cifra que en Cataluña se excederá ampliamente.