La retirada de la ley de medidas urgentes para cumplir con el déficit público en el 2012 produce el efecto de una enmienda al conjunto del mandato. En la norma se incluían todas las decisiones relevantes tomadas por el Gobierno de Javier Fernández para dejar el desfase de gastos sobre ingresos en el 1,5% del PIB (incremento del 10% del Impuesto de Patrimonio, limitación de los contratos de interinos en educación al 30 de junio) y las medidas adoptadas por Rajoy que son de obligado cumplimiento en las comunidades autónomas (supresión de la extra de Navidad para los trabajadores del sector público). El esfuerzo de más de cinco meses de legislatura no pudo convertirse en ley ante las amenazas de las enmiendas de IU, Foro y PP.
El Principado puede rehacer la propuesta llevando a la ley las medidas susceptibles de aceptación por IU, y aplicando el resto sin pasar por la Cámara, pero en términos políticos quedó visualizado que la mayoría del Parlamento no asume los pasos dados para cumplir con el principal objetivo del mandato: la reducción del déficit.
La clave de la retirada de la ley está en el rechazo de IU. Hay una explicación superficial, relacionada con la coyuntura: a cinco días de la huelga general no resulta muy estético que IU vote en el Parlamento a favor de una norma que incluye el recorte de sueldos a los funcionarios o la aplicación de medidas en el sector de la sanidad que son causa del actual conflicto que enfrenta a los 15.000 empleados del ramo con el Principado.
Profundizando más se constata una diferencia entre PSOE e IU, ya que mientras el Gobierno socialista asume, por lealtad institucional, los recortes aplicados por Rajoy, IU está en la estrategia de la rebeldía frente al Gobierno de la derecha, muy en línea con el discurso de la desobediencia civil. Salvar estas diferencias requiere de buenas dosis de diálogo entre los dos partidos de la izquierda, para encajar los condicionantes de la gobernabilidad con el espíritu contestatario de IU.
UPyD
Mientras no se subsanen esas diferencias, el Gobierno sólo tiene como aliado seguro el escaño de UPyD, un grupo comprometido sinceramente con la reducción del déficit público, y que se conforma con que le den aire para desarrollar sus exigencias del voto de investidura, relacionadas con el estudio de la reforma de la ley electoral y la comisión de investigación parlamentaria sobre el “caso Renedo”; este último asunto va a tener muy ocupado a todos los miembros de UPyD, diputado y personal de apoyo, porque deben estudiar las 60.000 fotocopias que remitirá la Consejería de Educación y las miles de facturas que están obligados a enviar los cientos de centros de enseñanza pública que recibieron suministros de Igrafo y de Almacenes Pumarín. Tanta transparencia va a crear un decorado propio de una película de Berlanga. Del “caso Renedo” vamos a pasar a un alegato universal contra la burocracia.
Antes de retirar el proyecto de ley, el Gobierno tenía la alternativa de pactar con el PP. El posible acuerdo no carecía de lógica, ya que el PP asturiano está atado al objetivo de rebaja del déficit, al ser el principal argumento de la acción del Gobierno de Rajoy. Las críticas parlamentarias del PP al Ejecutivo de Javier Fernández son un tanto retóricas, como podemos constatar a diario con las manifestaciones de los funcionarios contra las medidas de los dos gobiernos.
Sin embargo, el apoyo del PP presentaba otros inconvenientes para el Principado. En una decisión parlamentaria de tanto calado, apoyarse en el PP para salvar una enmienda a la totalidad de IU significaba un cambio de aliados, desdeñando la mayoría de investidura y dando paso a otra mayoría alternativa, o como mínimo al diseño parlamentario de “geometría variable”, tan en boga en tiempos de Zapatero: socios distintos para cada asunto que se lleve a la Cámara. En lo que va de mandato son evidentes los guiños de entendimiento que manda el PP al Gobierno y el esfuerzo del Ejecutivo por mantenerse alejado del grupo de Mercedes Fernández.
NEGOCIACIÓN
La retirada del proyecto coincide con un doble proceso de negociación que se lleva en secreto: la negociación de los presupuestos de 2013 y la concertación social. Algo no marcha bien, cuando a 11 de noviembre no hay más que expectativas. La concertación social ya avanzó todo lo que podía hacerlo, pero necesita un proyecto sólido de cuentas para poner cifras a los compromisos. El Ejecutivo ya hizo sus cálculos, pero las objeciones de IU obligan a rehacer las cuentas, y no es fácil lograr que cuadren. Como se puede apreciar, todo está relacionado con todo: el proyecto de medidas urgentes para contener el déficit con las cuentas regionales y estas con el pacto de la concertación social.
Mientras el Gobierno repite machaconamente que no se traspasará las líneas rojas en los servicios públicos, Gobierno, oposición y agentes sociales multiplican sus contactos para consensuar presupuestos y concertación social. El único inconveniente reside en IU, que ahora, a diferencia del pasado, está muy fuerte, sabedora que en cada consulta electoral sacará más votos. Por primera vez en el siglo XXI, IU tiene una estrategia de crecimiento que no pasa necesariamente por ser socio de ningún gobierno.

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