El Principado va a tomar algunas medidas rápidas para paliar el drama de los desahucios, como el ofrecimiento de veinte a treinta viviendas de forma gratuita para familias que hayan perdidos sus casas y estén en situación de extrema necesidad. También les va a posibilitar el acceso a viviendas de alquiler. Estas acciones se conocen el mismo día en que el Gobierno de Rajoy ha aprobado un decreto ley que concede una moratoria de dos años a las personas incursas en procesos de desahucio, siempre que tengan una renta anual que no sobrepase los 19.200 euros anuales y sus familias posean unas características concretas.

Se entiende que el Principado tome medidas paliativas, porque no tiene capacidad de cambiar las leyes que regulan el proceso de desahucio ni de actuar sobre los abusivos intereses que socavan la economía familiar en cuanto se deja de hacer frente a la amortización del crédito hipotecario. El Gobierno regional presenta un cuadro mínimo de acciones que, tal vez, se pueda completar con otras propuestas. Sin embargo, la solución dada por el Gobierno de Rajoy queda muy por debajo de la expectativa creada. Decretar una moratoria de dos años para familias que cumplan unos requisitos específicos no es una solución sino un parche. A los veinticuatro meses estarán en la misma situación, o peor, ya que los intereses del crédito se convierten en una bola de nieve que crece con el paso del tiempo. De Guindos señaló que hay que pagar la deuda y los intereses, sin revisar el mecanismo perverso que permite valorar un bien inmueble de dos maneras muy distintas, según toque formalizar el crédito hipotecario o corresponda sacarlo a subasta. La diferencia entre esas dos tasaciones contribuye a que la entrega del inmueble no sirva para zanjar la deuda.

El futuro de las familias desahuciadas es menos negro que hace un mes. Hizo falta que se produjeran dos suicidios para que gobiernos y bancos abandonaran el inmovilismo. Hasta hace unos días, los intereses de los acreedores (bancos) eran los únicos que merecían consideración, mientras que ahora también se han hecho visibles los derechos de los desalojados. El decreto del Gobierno es una simple ayuda, pero si continúa la campaña contra los desahucios, Rajoy tendrá que considerar el cambio de la Ley Hipotecaria, una norma que conoce al dedillo desde los tiempos en que opositaba a “registros”.