Se acaba la indefinición; punto final a la táctica de barajar cartas para no repartir juego, hablando de financiar el déficit con el recurso exclusivo de la banca o de anunciar inviolables líneas rojas para la sanidad (por cierto, no es posible una mayor trasgresión de las famosas líneas rojas que el espectacular crecimiento de las listas de espera por culpa del enfrentamiento entre la Consejería de Sanidad y el Sindicato Médico). En los próximos quince días el Principado tiene que tomar una decisión sobre los presupuestos del próximo año que va a presentar en la Junta General del Principado. Javier Fernández debe poner cifras y escoger socios, aunque la secuencia puede leerse en sentido inverso: escoger socios y poner cifras.
La retirada de la ley de medidas urgentes para cumplir con el déficit público de 2012 reabre la cuestión de las alianzas. De la negociación para la votación de investidura le quedó a Javier Fernández un aliado fijo, UPyD, con el que firmó un pacto de legislatura, el primero de toda la etapa autonómica entre el Principado y un grupo opositor.
UPyD puso como condición para el acuerdo de mandato unas cláusulas que no condicionan los presupuestos, y están ligadas a asuntos sobre los que quiere construir el “partido rosa” su identidad: transparencia (comisión de investigación sobre el “caso Renedo”) y la reforma de la ley electoral, objetivo prioritario de Rosa Díez para competir sobre bases más equilibradas con los partidos mayoritarios. Sobre las cuestiones típicas de la negociación presupuestaria, como el gasto social, la inversión o el equilibrio de las cuentas, UPyD no añade nada al discurso del PSOE, más allá de su menor apego por el sector público. UPyD es un socio parlamentario fijo en la estrategia de los socialistas para aprobar los presupuestos.
IU
El Gobierno regional tiene ante sí dos opciones. La principal pasa por llegar a un acuerdo con IU. Pactar con IU implica aceptar peajes ideológicos, como subir los impuestos e incrementar los gastos sociales: dar una mayor cobertura al salario social, reforzar las partidas destinadas a la dependencia y reservar un fondo para ayudar en los desahucios. En este último punto, IU fue una fuerza precursora, pidiendo en el año 2009 una partida para pagar los créditos hipotecarios. No hace falta decir que IU también quiere más dinero para la sanidad y la educación. Además, exigirá que en los presupuestos se visualicen gestos de rebeldía contra las disposiciones de Rajoy.

IU ya fue socio de los socialistas en la segunda y tercera legislatura de Álvarez Areces. No obstante, hay sensibles diferencias entre aquellos mandatos, comprendidos entre los años 2003 y 2011, y el actual. No me refiero a cuestiones externas, como la dureza de la crisis económica, sino a la ubicación de IU y sus expectativas electorales. Es distinto negociar los presupuestos formando parte de un gobierno de coalición que hacerlo estando sentado en los escaños de la oposición. Romper la negociación presupuestaria como socio de gobierno implica el abandono del Ejecutivo. Sin embargo, negarse a apoyar las cuentas desde la oposición no comporta ningún coste, más allá del típico rifirrafe con los socialistas sobre la coherencia de la estrategia parlamentaria.
Otra dificultad añadida estriba en que antes, con IU en el Gobierno, todas sus demandas se centraban en transferir recursos para las dos consejerías que gestionaba, Bienestar Social y Medio Rural. Ahora, liberado de la carga de gobernar departamentos concretos, las demandas de IU tendrán un espectro más amplio.
A todo ello hay que añadir, que IU ya dejó atrás aquella angustiosa etapa en que se abrazaba a los gobiernos (Baleares, País Vasco, Asturias) para mantenerse presente en las instituciones. Con el crecimiento del paro, IU sube en todas las encuestas. Para los que duden de ello, el próximo domingo tendrán ocasión de comprobarlo en las urnas catalanas. Con IU y UPyD, los socialistas alcanzan la mayoría absoluta de la Cámara.
De fallar el acuerdo con IU, la segunda opción para aprobar los presupuestos de 2013 pasa por negociar la abstención del PP. El Gobierno parte de 18 escaños, los 17 del PSOE y el que aporta Ignacio Prendes (UPyD). Si el grupo de Mercedes Fernández se abstiene, la oposición (Foro e IU) sumaría 17 escaños contra las cuentas regionales, así que los presupuestos quedarían aprobados por un voto de diferencia.
PP
Hay un argumento que avalaría ese proceder del PP, al existir una comunidad objetiva de intereses entre el Gobierno de Rajoy y el Principado, al estar ambos comprometidos con la meta de rebajar el déficit público. La lealtad mostrada por el Principado hacia las disposiciones de Rajoy empujarían a Mercedes Fernández a realizar una oposición constructiva y no beligerante en la Junta General del Principado.
Esta alternativa tiene un gran obstáculo: el coste que supondría para Javier Fernández el cambio de alianzas, al romper la imagen de bloque parlamentario de izquierdas, y ensayar una fórmula más centrista (UPyD y PP). Ni que decir tiene que nada le gustaría más a Foro, que volvería a sacar a relucir sus críticas hacia el viejo bipartidimo asturiano, como fuente de decadencia regional. En cualquier caso, cualquier alternativa es mejor que el fracaso de la devolución de los presupuestos, haciéndonos regresar a todos al escenario del pasado mes de enero.