La dirección de IU estudia la conveniencia de implantar en Asturias un impuesto a la banca, como el que está en vigor en Andalucía o Extremadura. Se trata de establecer un gravamen sobre los depósitos de los clientes, introduciendo una deducción para el caso de que la entidad financiera invierta sus beneficios en la región. Ayer mismo el Tribunal Constitucional hizo pública su sentencia sobre el recurso impuesto por el Gobierno de Aznar contra el impuesto de Extremadura a la banca, dejando claro que se trata de un tributo plenamente constitucional. José Morago, el presidente extremeño, anunció que dedicará la recaudación -240 millones de euros- a financiar la paga extra de Navidad a los funcionarios.

Lo que ha ocurrido en Extremadura es muy interesante. La esperanza de envolver las actividades bancarias con la bandera de la Constitución se ha desvanecido. Seamos realistas, si se puede adosar un tributo a todo lo que está a la vista (casas, coches, herencias, donaciones, patrimonios, ventas, rentas de capital, rentas de trabajo, beneficios empresariales, basuras, líneas de electricidad, etcétera), cómo no va a ser legal gravar los depósitos bancarios. El presidente que se muestra orgulloso del impuesto, José Morago, es un dirigente del PP. Una vez más se comprueba que los gobiernos de derecha sucumben con igual facilidad que los de izquierda a la tentación de gravar. Y la guinda del asunto está en el destino del impuesto: mantener la extra a los funcionarios. Monago recauda para gastar, no para reducir el déficit. Si se tiene en cuenta que en Extremadura el 33% de los asalariados están en el sector público, es fácil imaginar la alegría colectiva que embarga a la región.

En el caso asturiano, la diferencia está en el grupo que baraja la propuesta. La idea de introducir un impuesto a la banca es coherente con la ideología de IU, así que no perdería ni un voto con la incorporación de ese tributo a la cesta fiscal del Principado. En un momento en que la banca tiene una valoración pública a la baja es posible que muchos ciudadanos vean bien la medida, a cambio de que el dinero recaudado se destine a algo que les produzca satisfacción. Para rechazar el impuesto hay que entrar, a fondo, en el debate sobre la forma de reducir el déficit, algo que no hacen los políticos en España, acostumbrados a sustituir los argumentos por frases ingeniosas.