La negociación y tramitación del proyecto presupuestario constituye la etapa más interesante del año de la vida institucional asturiana, habida cuenta que la producción legislativa y el control de la acción del Gobierno están ausentes o escasean: nada que ver con lo que ocurre en el Congreso de los Diputados.
En esta ocasión coincide la negociación de los presupuestos con el diálogo de la concertación social, dos discusiones formalmente distintas, con diferentes interlocutores, pero pendientes de los mismos datos: las cifras del Gobierno transformadas en partidas presupuestarias. En la mesa de la concertación el problema no está tanto en la cobertura del gasto social –prioridad de los sindicatos-, sino en el olvido del capítulo inversor, que misteriosamente no encuentra defensores en el debate regional.
Es difícil de entender cómo se ha pasado de exigir la construcción de cualquier carretera, aunque su trazado fuera de ninguna parte a ningún sitio, a asumir que las llamadas “políticas activas” apenas tengan cobertura presupuestaria. Hemos pasado del día a la noche con el único argumento de la escasez de recursos, como si las políticas sociales tuvieran provisionado un fondo de cobertura. La propia consejera de Fomento, Belén Fernández, cuando se refiere a la construcción de infraestructuras, habla siempre de los incumplimientos del Gobierno central (clamorosos, por otra parte), sin considerar necesario hablar de los retrasos asturianos, como los enlaces de la Zalia. Pero más allá de los incumplimientos lo verdaderamente llamativo es que haya quedado relegado el debate de las infraestructuras en un momento en que la construcción de las mismas sería la mejor medicina para rebajar el récord de paro de la región.
BANCA
En la negociación de los presupuestos, los impuestos se han convertido en materia conflictiva. El debate de los presupuestos es, habitualmente, el debate del gasto, pero en esta ocasión las diferencias se centran en los tributos. IU baraja la posibilidad de implantar un impuesto a la banca, habida cuenta que el Tribunal Constitucional ha homologado el mismo tributo en Extremadura. En aquella región, el Gobierno ha decidido dedicar lo recaudado a los bancos para financiar la paga extra de Navidad a los funcionarios. En Asturias, IU podría reclamar un trato similar al producto de la exacción fiscal, desbaratando el recorte de Rajoy en la nómina de los empleados públicos. Como daño colateral, una decisión de ese tipo echaría por tierra la concertación social, ya que la Fade jamás aceptaría una decisión así.
El Gobierno no está dispuesto a poner un impuesto a la banca, algo que tampoco desea su socio, UPyD. Al Ejecutivo le asiste la razón, pero el problema está en que ahora las cosas son distintas al pasado; IU es un partido con una tendencia de voto creciente en las encuestas; además, los bancos están en el punto de mira de la opinión pública por las ayudas que reciben del Estado y por la dureza con que persiguen a los desahuciados, así que IU puede enrocarse en su posición. ¿Acaso no piden los socialistas a los alcaldes que no trabajen con los bancos que practiquen desahucios?
Trato de decir que los rechazos ideológicos a las subidas de impuestos y a la implantación de nuevos tributos, o la mera negativa a ambas por razones de conveniencia, no tiene la misma validez que en otros tiempos. Y aquí llegamos a la cuestión clave: el debate no se puede establecer sobre los gustos de IU sino sobre la estrategia de las alzas fiscales en la confección de los nuevos presupuestos. Se impone una revisión, porque está basada en un error de valoración.
VÍA FALSA
La izquierda observó que el déficit fiscal español, y el asturiano, se deben a una caída espectacular de los ingresos fiscales. Por encima del incremento de gastos pesa la disminución de la recaudación. Los datos son indiscutibles. Sin embargo, la izquierda (y la derecha, allá donde gobierna) sacó de una premisa cierta una conclusión falsa: se pueden subir sensiblemente los tipos impositivos para reanimar los ingresos.
La pérdida ingresos se debe al crecimiento espectacular del paro, que adelgazó la base imponible del IRPF, y eso no se puede paliar penalizando las rentas de los empleados, como tampoco se puede dificultar aún más el consumo de los casi 6 millones de desempleados subiendo el IVA. La crisis de la banca tampoco va a mejorar con un impuesto regional, ad hoc. La caída del Impuesto de Sociedades ha sido tan espectacular que dejó la recaudación en el 20% de lo que era. ¿Alguien quiere optar por intensificar el cierre de empresas y el paso acelerado de actividades empresariales a la economía sumergida? ¿Es progresista, en nuestro caso, tomar medidas que propicien el aumento del precio de los servicios bancarios a los asturianos?
La negativa a las demandas de IU tiene que venir de la mano de un debate público sobre estrategias fiscales en un horizonte de restricción presupuestaria. El esfuerzo fiscal pedido por las administraciones a los contribuyentes, en los dos últimos años, no tiene parangón en la democracia. Si hay que hacer un ajuste de 600 millones en el Principado, habrá que centrarse en el recorte de gastos, sabedores de que esa tarea tiene un recorrido muy corto mientras no se aborden las dos grandes cuestiones: el tamaño de la Administración y el modelo de prestación de servicios púbicos.