Se cumplió la liturgia: pacto sobre los presupuestos del Principado, antes de que las cuentas sean registradas en el Parlamento. La clase política asturiana lo ve con normalidad, pero es una excepción dentro del mapa autonómico. En ninguna región se llega a un acuerdo sobre las cuentas anuales, entre dos o más partidos, antes de presentar el gobierno de turno su proyecto presupuestario. Como la cosa tiene enjundia, vamos a detenernos primero en analizar esta especificidad asturiana, antes de entrar en el modelo de acuerdo, porque ambas cuestiones están relacionadas.

ARECES

Durante los gobiernos de coalición de izquierdas, presididos por Álvarez Areces, la presentación de los presupuestos venía precedida de una intensa negociación en el interior del Gobierno regional, entre PSOE e IU. Alcanzado el acuerdo, los dos grupos convocaban a la prensa para posar con las manos entrelazadas y rostros de euforia. Desde el año 2003 hasta el 2011, se procedió de esta manera, con la excepción del ejercicio de 2008, porque IU estaba temporalmente fuera del Gobierno y no hubo acuerdo.

En aquella época la anormalidad estaba en el curioso cambio de papeles de PSOE e IU, que pasaban de la condición de socios a convertirse en gobierno (PSOE) y oposición (IU), sin dejar de sentarse juntos en la mesa del Consejo de Gobierno. Una cosa es discutir entre consejeros sobre la confección de las partidas presupuestarias y otra montar un sistema paralelo de negociación, encabezado por los respectivos aparatos de partido. Se hacían manifestaciones peregrinas, del siguiente tenor, “es difícil que lleguemos a un acuerdo sobre los presupuestos”, como si fuese posible disentir sobre las cuentas sin romper el gobierno. Ahora bien, durante esa etapa sí era necesario llegar a un pacto antes de registrar el proyecto en la Junta General del Principado, porque los presupuestos tienen, forzosamente, que representar a todo el Gobierno, aunque este no sea monocolor.

ANOMALÍA

La pauta seguida durante dos legislaturas ha sido incorporada al actual mandato, aunque la situación sea cualitativamente distinta, ya que gobiernan los socialistas y sus socios (IU y UPyD) no están en el interior del Ejecutivo, sino en el Parlamento. Según el normal desenvolvimiento de las instituciones, lo que procede es que el Consejo de Gobierno apruebe el proyecto de presupuestos, lo registre en la Cámara, y comience el turno de comparecencias, para terminar con la discusión y votación en el Pleno de la Cámara. Así se hace en todos los sitios, incluyendo Cataluña (acuerdo Mas-Sánchez Camacho, del pasado mes de junio). Durante semanas, el Gobierno tantea a los grupos parlamentarios y negocia alianzas sobre cifras.
Aquí se ha optado por marginar al Parlamento, negociar en secreto y presentar unas cuentas acabadas, con la pretensión de convertir el debate parlamentario en un trámite con final feliz. La foto de Dolores Carcedo y Pedro Sanjurjo, sujetando con sus dedos el “lápiz de memoria” que contiene los presupuestos, debía haberse hecho a finales del mes de septiembre. Remachemos sobre el mismo clavo: por esta y otras razones (escasa producción legislativa, débil ritmo de trabajo, espaciadas comparecencias presidenciales), el papel de la Junta General del Principado en la política regional está muy devaluado.

SOCIOS

Fijado el marco, Javier Fernández siguió un método acertado, al negociar directamente con IU, el único de los dos socios que podía obstaculizar el pacto. La solución pasaba por integrar en el proyecto de cuentas las exigencias sociales de IU (salario social, dependencia) y su dieta tributaria (leña al rico hasta que se rasque). Parece que la negociación fue más fluida que en la época en que compartían juntos la tarea de gobernar.
No obstante, pactar con IU lleva aparejado hacerle concesiones en sus políticas favoritas que son contrarias al ajuste presupuestario. La referencia a la política de empleo, un motivo recurrente en la estrategia de IU, ha quedado relegada ante la que es, actualmente, su gran prioridad: la “política paliativa”. En Asturias no se trata tanto de crear empleo para los parados, como que estos obtengan algún lenitivo. La política social es el núcleo del presupuesto, lo que significa subordinar la inversión productiva a la financiación de los servicios sociales, sin abordar la necesaria racionalización de estos, ya que con menos dinero se pueden hacer más cosas, simplemente desplazando recursos a los sitios donde hay demanda.
Terminada la negociación del Gobierno con IU, le llegó el turno a UPyD, que se encontró con el menú cocinado. Aunque hizo esfuerzos por hacerse notar, al final ha optado por marcar territorio por la vía de las enmiendas parciales. Todo indica que se trata de un mero recurso formal para recuperar protagonismo, de modo que las enmiendas parciales deben estar ya pactadas con el Gobierno. En caso contrario, se vendría abajo el edificio presupuestario que tanto costó levantar. Los presupuestos se votan el 28 de diciembre, una fecha adecuada para los que tienen fe en las enmiendas parciales.