La Procuraduría General, órgano dependiente de la Junta General del Principado para atender las quejas de los ciudadanos en su relación con las administraciones, va a ser suprimida en los primeros meses de 2013; esa es la razón por la que su partida presupuestaria se haya reducido a la mitad en el próximo ejercicio. UPyD exigió su eliminación en el acuerdo de legislatura que firmó con el Partido Socialista. El resto de los partidos no la ve necesaria, con la excepción de IU, que la considera imprescindible.

La figura del Defensor del Ciudadano no tiene predicamento en las instituciones asturianas, a diferencia de lo que ocurre en Castilla y León, Andalucía y otras regiones. La primera experiencia de incorporarla al entramado institucional nació en el Ayuntamiento de Gijón, durante el primer mandato de Álvarez Areces, fruto del pacto con IU, que pidió la creación del “Ombudsman”. Tras unos años de discreta existencia, el cargo desapareció del organigrama municipal, dando paso a la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones, como forma de relación del Ayuntamiento con la ciudadanía. Esta misma transformación es la que pide UPyD para el Principado. Si se quiere ahorrar y ser práctico, la propuesta del “partido rosa” está llena de sentido común, pero la idea primigenia del “Ombudsman” era otra, y de imposible realización a través de una comisión parlamentaria. Tiene sentido crear el Defensor del Ciudadano si se le dota de un estatus incómodo para la Administración. Una figura independiente y ajena al gobierno de turno, nombrada por el Parlamento a través de una mayoría cualificada, que tenga capacidad de acceder a los expedientes administrativos y libertad para informar al Parlamento cuando lo considere oportuno. Lo que tenemos en la actualidad es un sucedáneo, que no intimida al poder ni añade nada a lo que puedan hacer los órganos tradicionales de la Administración.

El debate sobre la Procuraduría General se inscribe dentro de los recortes al sector público. Desde esa perspectiva, la defensa de su mantenimiento es muy problemática, porque el análisis en términos de coste-beneficio demuestra su baja rentabilidad social. Además, el Principado necesita urgentemente impulsar la racionalización del sector público, para liberar a la región del discurso continuista que ocupa toda la escena pública.