El Principado ha dado a conocer al Ministerio de Hacienda sus necesidades de financiación para 2013. Como ya había comunicado a la opinión pública asturiana, el Gobierno regional buscará crédito por valor de 396 millones de euros, una cantidad que Cristóbal Montoro no va a cubrir enteramente, como ya hemos aprendido tras la experiencia vivida este año, cuando Asturias necesitaba 423 millones y Madrid sólo envió 261. Dolores Carcedo calcula que por la vía del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) se cubrirán 206 millones; el resto, 190 millones, habrá que solicitarlos a los bancos. De cumplirse esta previsión, la financiación del Gobierno regional quedará divida en dos partes (pública y privada) de parecido tamaño, ambas en torno a los 200 millones.

Según avanza la crisis económica nos vamos adaptando a circunstancias desconocidas en los últimos decenios. En cuatro años de vendaval económico, los gobiernos se han quedado, prácticamente, sin crédito. Hasta el otro día, las comunidades autónomas avalaban a entidades privadas, y ahora no sirven de avalistas ni de prestatarios. El dañado prestigio de sus cuentas públicas arrastra a la baja la valoración de todo lo que se mueve dentro del territorio. Si colocáramos a un gestor de prestigio al frente de cualquier comunidad autónoma, seguro que centraba su trabajo en reducir el gasto público. ¿Se puede dar el mismo servicio con menos hospitales o fusionando centros escolares? No es fácil contestar a esa pregunta, pero lo que no es de recibo es el mantenimiento de toda la estructura pública cuando se tiene mucho menos dinero que antes y se paga mucho más caro por el dinero que nos dejan. La consejera de Hacienda dice que para mantener los servicios sociales hay que cobrar impuestos. Como el enunciado es obvio, creo que es más adecuado reflexionar sobre la cantidad de gasto que nos podemos permitir, cuando somos la segunda comunidad autónoma en presión impositiva.

En los desequilibrios de las cuentas públicas tiene mucha responsabilidad el Ministerio de Hacienda. En todo el mundo rige una norma muy simple: el que paga, manda. Rajoy y Montoro han continuado una regla inventada por Zapatero y Solbes: el que debe, exige. Es absurdo poner 2,3 puntos de déficit público (los 23.000 millones del FLA) en manos de los gobiernos regionales sin arrancar ningún compromiso de su parte.