El Ministerio de Hacienda advierte que las comunidades autónomas que retrasen la petición al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) tendrán que pagar los gastos asociados al retraso. Desde el equipo de Cristóbal Montoro se pone como ejemplo las posibles emisiones de deuda del Reino de España para adquirir fondos destinados a paliar la insolvencia de las regiones. Me parece que el Gobierno debería hacer un ejercicio de imaginación y proponer un ejemplo más convincente. Los territorios con más necesidades de financiación (Cataluña, Valencia, Murcia, Andalucía) ya han realizado sus peticiones al FLA; es un tanto exagerado pretender que por 200 millones de euros que puedan pedir Asturias o Canarias se origine al Estado la necesidad de tener que realizar una emisión de deuda. El Ministerio de Hacienda quiere contar pronto con todos los datos, pero no debe recurrir a argumentos poco creíbles.

El Principado ha manifestado que el retardo en hacer la petición viene derivado por el desconocimiento de las condiciones que impone el FLA. No pedirán el dinero mientras no sepan a qué se comprometen. Sorprende que el Gobierno de Rajoy no explicite las condiciones del crédito a las regiones, dado el interés que tiene por conocer las consecuencias de pedir el rescate de España a las instituciones europeas. Ampliando el campo de observación, se puede colegir que todo lo relativo al FLA es muy poco transparente. A la sociedad no se le ha informado del código de prioridades del FLA, razón por la cual no hay ningún problema en suministrar 5.000 millones a Cataluña, pero a Asturias sólo se le da el 60% de la cantidad que demanda. En qué marasmo se moverá el FLA, cuando Castilla y La Mancha no ha aclarado si hará su correspondiente petición de dinero. Si Dolores de Cospedal no lo ve claro, cómo pueden pretender que Javier Fernández sepa a qué atenerse.

La mayor carencia del FLA es la ausencia de un conjunto de contrapartidas, de modo que la financiación aportada a las comunidades autónomas lleve aparejada determinados deberes para el prestatario. Los catalanes exigieron dinero, perentoriamente, mientras decían que no cumplirían con la rebaja de déficit público. La Generalitat ordena y el FLA obedece. Es un sistema absurdo, cuando lo lógico es que los incumplimientos de Cataluña dieran paso a la imposición de multas. Como se hace en la UE.