El consejero de Presidencia ha dicho que en cuanto se aprueben los presupuestos para 2013 entrará en vigor el impuesto sobre la banca, con el que espera recaudar 30 millones de euros. Guillermo Martínez considera que el Principado actúa desde la legalidad, y que no va a acogerse a ningún subterfugio para implantarlo. Según el consejero, el impuesto no repercutirá en los clientes de los bancos y es pertinente introducirlo en Asturias.

La legalidad del impuesto a la banca es incuestionable. Las dudas sobre su encaje legal se disiparon con la sentencia del Tribunal Constitucional sobre su implantación en Extremadura. Aceptando la validez del tributo, resulta más que discutible su adecuación a la realidad regional, porque a diferencia de lo que piensa Guillermo Martínez, el tributo no tendrá como último destinatario a la banca sino a los ciudadanos que tengan abierta alguna cuenta bancaria. Es decir, todos nosotros. No es una suposición mía, sino que lo dijo, hace unos días, Jaime Guardiola, consejero delegado del Banco Sabadell, en el Fórum EL COMERCIO. Quizás sea un prejuicio, pero intuyo que el señor Guardiola sabe más de trasladar cargas fiscales a clientes de bancos que todo el Gobierno asturiano junto. El impuesto sobre la banca no es indoloro socialmente y se suma a la catarata de incrementos fiscales que hemos conocido los asturianos desde el año 2010, en unos casos por decisiones de los gobiernos centrales y en otros por voluntad de los ejecutivos regionales. La iniciativa fue de IU y el Principado respaldó la propuesta, arrastrando a Rubalcaba y a la dirección federal del PSOE, que han convertido el gravamen a la banca en un argumento nacional dentro de la labor de oposición al Gobierno del PP. Alguna vez podrían pensar que es más progresista reducir gastos que aprobar impuestos, porque contar con más dinero proporciona bienestar a las familias, aunque esta verdad no esté incluida entre los dogmas del Estado del Bienestar.

Lo peor de la medida es que va a resultar inútil, porque el Gobierno central ha declarado su voluntad de bloquearla. La decisión de Rajoy es censurable, ya que invade el campo de competencias de las comunidades. Si una tasa es legal, la Administración que la implanta se responsabiliza de ella. Hay 30 millones “pintados” en el presupuesto, de imposible ejecución. Y eso que son unas cuentas realistas.