Al acabar el año, los gobiernos autonómicos miran para el 2013 y le piden al Ejecutivo central que atempere los planes de consolidación fiscal. Antes del verano, Cristóbal Montoro ya anunció que el techo de déficit público sería del 0,7%, para el próximo ejercicio, y ahora el pelotón autonómico pide que se acepte una mayor cuota de déficit. La demanda la encabeza Cataluña y cuenta con el apoyo de las comunidades no gobernadas por el PP, así como de Castilla y León y Extremadura, que aunque son fieles a Rajoy, ya se opusieron al techo de déficit de 2012. ¿Es factible atender esa propuesta?

Si la Unión Europea amplía el plazo para que España reduzca el déficit, es probable que el Gobierno central dilate el ajuste fiscal de las comunidades autónomas, que pasaba por limitar el déficit al 0,7% en 2013, dejarlo en el 0,1% en 2014, y presentar un superávit del 0,2% en 2015. Objetivamente se trata de unas metas muy difíciles de cumplir, ya que el límite marcado para el presente ejercicio (1,5% de déficit público) se lo van a saltar más de la mitad de los gobiernos regionales, empezando por Cataluña que superará el 2%. No obstante, la decisión de relajar el control de los déficit autonómicos no depende sólo del margen que le dé la UE a España, ya que las cuentas de las comunidades autónomas presentan unas anomalías específicas al no encontrar financiación en el mercado. El agujero entre gastos e ingresos lo financia el Gobierno central. En una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el ministro de Hacienda se lo dijo de una forma provocativa al consejero catalán: “para qué pide usted más déficit si no lo puede pagar”. Esta es la cruda realidad de la gestión autonómica, que a base de televisiones identitarias y embajadas por medio mundo, ha logrado que los bancos grandes y pequeños, incluyendo los resultantes de la metamorfosis de las cajas de ahorro, hayan cerrado la ventanilla del crédito.

El Gobierno central, único sostén de la economía autonómica, tiene razones propias para acelerar el ajuste fiscal de los gobiernos regionales, otra cosa es que la tensión política nacional, con docenas de manifestaciones diarias por toda España, permita mantener la dureza del recorte de gastos. El Principado se sumará al bando de la queja, porque tiene las manos libres para opinar y los desequilibrios de la economía regional son controlables.