Tal como estaba previsto quedaron aprobados los presupuestos del Principado para 2013, sin que los dos grupos del centro-derecha, Foro y PP, lograran ver aceptada una sola enmienda. El acuerdo entre PSOE-IU-UPyD se cumplió, puntualmente, dando entrada en las partidas a las enmiendas parciales pactadas, previamente, entre los tres grupos. Una vez más, se verificó la liturgia asturiana de las cuentas públicas, consistente en una negociación larga y reservada entre los partidos que forman la mayoría parlamentaria, para dar paso a un principio de acuerdo, que casi no conoce ningún retoque hasta convertirse en letra impresa del BOPA. En la Junta General del Principado se siguió un modelo de tramitación exprés, y los debates en la Cámara tuvieron un punto de retórica, entendiendo por tal “el reservorio de las palabras muertas”, como decía Tierno Galván.
Dolores Carcedo hizo hincapié en la bondad de presentar un presupuesto pactado, frente a las desavenencias del centro-derecha en la malograda legislatura anterior. La consejera de Hacienda valoró las nuevas cuentas regionales como un punto de arranque para relanzar la actividad económica. Los portavoces de los tres grupos que forman la mayoría parlamentaria insistieron, también, en la virtud del pacto y dieron por bueno el empuje que dará a la economía asturiana. Todos los elogios que se dediquen a la cultura de pacto son escasos en nuestra región, donde los partidos tienen esculpidos unos duros perfiles ideológicos que han impedido la formación de gobiernos de coalición hasta hace nueve años. Si uno contempla lo que pasa fuera de nuestras fronteras, comprobará que los compromisos entre fuerzas políticas diferentes para aprobar presupuestos es una actividad rutinaria. Hay que felicitar al tripartito por el consenso alcanzado sobre las cuentas.
Valoración diferente merece el cuadro de partidas que se declara confeccionado para relanzar la actividad económica. Si lo comparamos con la rigidez de una prórroga presupuestaria, algo hemos avanzado, indudablemente, pero está muy lejos de poder ser el instrumento dinamizador que la comunidad autónoma necesita. Con los recursos dedicados a la inversión en registros mínimos es imposible relanzar la actividad económica. 105.000 parados esperaban un presupuesto más orientado hacia el empleo.