En toda España se debate sobre el tamaño el sector público, sin que Asturias sea una excepción. Siempre hubo empresas públicas dependiendo del Estado, la comunidad autónoma o los ayuntamientos, pero este fenómeno adquirió mucha mayor importancia en los años de bonanza económica, no porque hubiesen crecido las necesidades sino porque aumentó el dinero para financiarlas. Las empresas públicas aportan alguna ventaja sobre la administración tradicional, al ser más flexibles y dar paso a una gestión más ágil, pero la verdadera causa de su profusión estriba en la capacidad para camuflar deudas por encima del límite concedido a las administraciones. En la actualidad, la lucha por reducir gastos obliga a adelgazar las administraciones (dos tercios de los impuestos van destinado a pagar nóminas públicas), así que el sector empresarial autonómico está en cuestión.
Javier Fernández se refirió a la reforma del sector público en el debate de investidura, como una tarea a realizar en tres fases. En el umbral del 2013, todo lo que se ha avanzado es un anteproyecto donde se contemplan las fusiones de la Sociedad Regional de Turismo y Recrea, y del servicio del 112 y Bomberos, así como la desaparición del Instituto Nacional de Estadística, y la venta de las participaciones del Principado en la sociedad propietaria de dos hoteles (La Reconquista y la Rectoral de Taramundi) y en Sedes. Una modificación muy reducida, que apenas producirá ahorro, para un objetivo tan perentorio como es la disminución del déficit público.
Se avanza a paso lento porque la izquierda piensa que el tamaño de la Administración es idóneo, y sólo por razones coyunturales acepta, de mala gana, que haya que reducirlo. Es muy difícil trabajar en pos de un objetivo en el que no se cree. Adelgazar la “Administración paralela”, como la denomina el centro-derecha, supone enfrentarse a grandes resistencias, ya que los gestores de las empresas, organismos y entes públicos harán todo lo posible por demostrar que sus tinglados son imprescindibles, transmitiendo a los respectivos consejeros de Gobierno la sensación de pérdida irreparable con el cierre. Llegados hasta aquí es de estricta justicia decir que hay comunidades autónomas donde gobierna el PP y el sector público goza de buena salud, lo que da idea de que la Administración, con mayúsculas, es un poder autónomo.