El Consejo de Gobierno ha aprobado el Anteproyecto de Ley de Restructuración del Sector Público, en el que se contempla la fusión de bomberos y el servicio del 112, la unión de Turismo y la empresa de servicios Recrea, la liquidación de la sociedad que gestiona el Parque de la Prehistoria, y la venta de participaciones en Sedes y sociedades hoteleras, entre otras actuaciones.
Se inicia la restructuración por la periferia del sector público vendiendo sociedades que tienen un papel marginal en la estructura del Principado y fusionando otras de obligado mantenimiento como las que engloban a los servicios de urgencia y auxilio. Un original orden de prioridades. La reforma o fusión de organismos va a ser acompañada de una disminución de cargos y rebaja generalizada de sueldos. Aligerar la estructura empresarial y acompasar las remuneraciones salariales a la precaria situación económica del Principado es un objetivo indispensable de la restructuración del sector público, ya que de no hacerlo no se produciría ningún tipo de ahorro. Llama la atención la declaración del Principado asegurando que no tendrá impacto sobre el empleo directo, porque eso implica que habrá que recolocar a trabajadores excedentes de organismos que se extinguen en otros que se mantienen, una operación de difícil encaje que no va a redundar, precisamente, en el aumento de la productividad de la mano de obra.
La reforma del sector público es un objetivo señalado por el Gobierno de Rajoy a las comunidades autónomas, pensando en reducir el déficit a través del adelgazamiento de su estructura empresarial. No se trata tanto de mejorar la prestación de servicios o de racionalizar el sector, como de recortar gastos. La meta principal es el ahorro, lo que se consigue, sobre todo, con la liquidación de empresas y sociedades que se crearon en los años de abundancia como método para camuflar el endeudamiento (véase el uso de la Junta de Saneamiento, durante los años de la crisis, como herramienta presupuestaria). O se reduce drásticamente el volumen de recursos que se destinan a los organismos, fundaciones, empresas y entes autonómicos o toda la anunciada restructuración quedará en una operación de imagen. Esta consideración vale tanto para el Principado como para el resto de gobiernos regionales, ya que todos se resisten a prescindir hasta de lo prescindible