La tan traída y llevada reordenación del sector público asturiano, con una primera fase recogida en un anteproyecto del Gobierno regional que ya ha sido trasladado a la Junta General del Principado, y una segunda fase reservada para la fusión de la radio y televisión autonómica, junto con la agrupación de las fundaciones dedicadas a las nuevas tecnologías, supondrá pasar de 81 entes públicos a 70. No hace falta conocer con detalle la mecánica del proceso par darse cuenta de que la reestructuración del sector será mínima. Basta fijarse en las cifras para concluir que el tamaño del sector sólo conocerá una mengua aparente del 13%. Digo que es aparente, porque nominalmente se reducen en ese porcentaje el número de organismos, pero la rebaja del gasto será muy inferior, dado que el Gobierno regional ha declarado que no se perderán puestos de trabajo. En 70 entes se concentrarán los empleos que hay ahora en 81 organismos, así que el ahorro sólo se obtendrá por el cierre de sedes y la eliminación de algún gasto corriente.

El proceso iniciado por el Gobierno regional muestra a las claras lo difícil que es cerrar organismos oficiales. Entre los entes que se salvan de la poda está alguno que sólo se dedica a hacer un par de informes anuales no vinculantes, y con ese mínimo rendimiento se garantiza su existencia. En Asturias, lo público tiene la misma consideración que una vaca en la India, y por eso cualquier intento de suprimir organismos crea angustia a los responsables políticos. Se mantienen tinglados que no aportan nada, porque se piensa que si la Administración adelgaza el Gobierno queda debilitado. Además, cuando se cierran empresas públicas se considera que es para favorecer al sector privado, cambiando los términos del debate: en vez de discutir sobre objetivos se pasa a hablar de intereses. Se teme la sustitución de lo público por lo privado, como si lo público fuese de balde y no estuviese sufragado por los impuestos de los ciudadanos. Tres cuartas partes de nuestros tributos van destinados a pagar nóminas públicas.

La experiencia enseña que las comunidades autónomas sólo toman medidas impopulares cuando se ven obligadas por mandatos ejecutivos. El Gobierno de Rajoy tiene en sus manos recortar todo tipo de tinglados regionales, obligando a cerrarlos si se quiere recibir financiación del Fondo de Liquidez Autonómica.