Los ayuntamientos buscan soluciones a su crónico problema de financiación. Tengan o no razón en todo lo que plantean, que esa es otra cuestión, lo cierto es que son los parientes pobres de las administraciones públicas. Desde la nula compensación por la supresión del Impuesto de Actividades Económicas para empresas que facturen menos de un millón de euros, en la época de Aznar, hasta el plan de financiación municipal de Zapatero, que quedó perdido por el camino, los alcaldes llevan cerca de veinte años llorando sin que nadie les haga caso. Hace unas semanas, el Gobierno volvió a presupuestar recursos para los gobiernos regionales, dotando el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) con 23.000 millones de euros, después de haberles insuflado otros 18.000 millones durante el pasado otoño. Ante esta situación, los alcaldes piden que los ayuntamientos tengan prioridad en el cobro de las deudas que tienen pendientes con las comunidades autónomas, recibiendo dinero del FLA por delante de otros acreedores.

La demanda de los alcaldes es asumible, porque el conjunto de los gobiernos autonómicos debe 2.000 millones de euros a los ayuntamientos por hacerse cargo de competencias que son de titularidad regional o por compromisos concretos incumplidos. Es más, el Ejecutivo de Rajoy ha decidido, la pasada semana, que los proveedores que tengan deudas atrasadas con las comunidades puedan acudir directamente al Ministerio de Hacienda para cobrar esas cantidades a cuenta de los fondos que entrega el Estado a las regiones, así que lo correcto sería que las corporaciones locales puedan acogerse también a ese mecanismo y recibir el dinero, directamente, del Gobierno central. Tan importante es que cobre un proveedor como un ayuntamiento, ya que gran parte de las deudas acumuladas por los consistorios con las empresas que les prestan servicios se deben a que las comunidades autónomas no cumplieron sus compromisos económicos con los municipios.

La única condición que habría que poner a los alcaldes es que el dinero que reciban del FLA vaya directamente a resarcir las deudas que tengan con las empresas suministradoras, porque no se puede obligar a las comunidades a cumplir con los proveedores y dejar a los alcaldes que tengan libertad para dedicar esos recursos a lo que les parezca. La gestión municipal no se ha caracterizado por la austeridad.