A preguntas de Jesús Iglesias, en el Senado, Cristóbal Montoro manifestó que el impuesto asturiano sobre los depósitos bancarios quedó sin efecto el 1 de enero. El Ministro de Hacienda señaló que el Principado no tiene derecho a ningún tipo de compensación, a diferencia de Andalucía, Extremadura o Canarias que ya lo tenían aprobado hace años.
En la política regional hay una tendencia a discutir desaforadamente sobre cosas que no tienen trascendencia y guardar silencio sobre los asuntos importantes. No me atrevo a calificar de anécdota al impuesto sobre la banca, pero sí se puede afirmar que el sistema impositivo regional merece la misma valoración con tasa a la banca que sin ella. El Principado no puede decir que se le priva de una herramienta tributaria esencial para gobernar porque hasta hace mes y medio no se le había pasado por la imaginación publicarla en el BOPA. Otra cosa es que el método utilizado por el Gobierno de Rajoy para anularla sea más que criticable, ya que recurre a mecanismos espurios, al elevarla a categoría de tributo estatal con tipo impositivo cero, que es lo mismo que negarse a recaudar a la vez que impide a las comunidades autónomas que lo hagan. IU lleva años clamando por gravar a los bancos, y cuando ya había convencido a los socialistas se encuentra con la artimaña de Cristóbal Montoro que deja su iniciativa en el dique seco. Mala suerte para Jesús Iglesias y sus camaradas, que sólo les queda encomendarse a los tribunales de Justicia.
Desde la segunda quincena del pasado noviembre se empezó a discutir sobre el impuesto a la banca y desde el 10 de octubre hay una huelga de médicos que paraliza los hospitales asturianos, creando interminables listas de espera, sin equivalente en la Unión Europea, que dejan a los pacientes en una virtual sala de espera a la expectativa de que se solucione el conflicto. Los perjuicios para algunos enfermos son irreparables y la degradación de la asistencia sanitaria es tan profunda que se tardará un par de años en restablecer los estándares de calidad que había antes de iniciarse la huelga. Podría la Junta General del Principado ocuparse de ello y echar una mano para mediar en el conflicto. IU y UPyD, socios del Ejecutivo, tienen la ocasión de hacer algo por los asturianos, si les deja tiempo el debate sobre la tasa a la banca y la comisión del “caso Renedo”. Dudo que lo hagan.