El Gobierno de Rajoy ya ha encargado los primeros estudios técnicos para reformar el sistema de financiación autonómica. La cuestión fue abordada en la última Conferencia de Presidentes, donde poderosas comunidades autónomas del PP (Madrid, Valencia, Galicia Murcia) y alguna del PSOE (Andalucía) solicitaron la revisión del modelo, solución que no fue aprobada porque Javier Fernández se cerró en banda y sólo admitió que en el año 2013 se evaluara la eficacia del sistema, y a partir de ahí se podría valorar la necesidad de reformar el modelo de financiación tomando como fecha de referencia el final de la legislatura (año 2015).

Hablemos claro. El Gobierno va a reformar el sistema para tratar de frenar la dinámica independentista catalana. Durante el mandato de Zapatero se revisó el sistema por imperativo de la Generalitat, y ahora se va a volver a reformar para devolver a CiU a la senda autonomista. En ese proceso Asturias no tiene nada que ganar. O mejor, sólo tiene que perder. Si España conoció un cambio, durante los años que llevamos de siglo XXI, fue el aumento de población. Madrid, Cataluña, Valencia, Andalucía o Baleares tienen que gestionar unos servicios de sanidad y educación con mucho más usuarios que antes, mientras que Asturias está en la situación opuesta, por tener menos población. Hace cuatro años ya estaba planteada esa asimetría y Asturias no salió mal parada porque convenció al Gobierno de Zapatero que una sociedad envejecida es más demandante de servicios públicos que otra de más tamaño pero rejuvenecida por la inmigración. Ese argumento no creo que se pueda mantener, ya que tenemos poderosos adversarios y Rajoy tiene una prioridad: refinanciar Cataluña. Más euros para la región más amante de los euros. Si la clase política catalana viola el séptimo mandato (para las víctimas de la Logse: “no robarás”) será factible reblandecer su ideología con una dosis masiva de dinero público. Hay que recordar que Artur Mas sólo se convirtió en independentista cuando Rajoy rechazó conceder la soberanía fiscal a Cataluña.

Este es el punto de partida de una operación muy complicada, que traerá muchas complicaciones, enemistando a unos territorios con otros, aunque para el Gobierno de Rajoy todas esas penalidades serán bien venidas si reconducen al nacionalismo catalán a la casa común de la Constitución de 1978.