De forma oficiosa se van conociendo algunos datos de la España federal que propugna el PSOE. Rubalcaba propone la idea de incorporar a la letra de la Constitución el modelo de financiación territorial. Según los socialistas, de esta manera se le daría solidez al sistema y quedaría blindado de las cambiantes mayorías parlamentarias que aparecen tras cada convocatoria de elecciones generales. Una idea muy bien intencionada pero poco realista. Pactar el actual modelo de financiación autonómica llevó tres años. Al final de la negociación, la sensación era más de alivio que de satisfacción; la fórmula alcanzada, con fondos para regiones pobres y otros para regiones ricas, más el tradicional fondo de suficiencia para todas, no convencía a nadie plenamente; se trataba de un acuerdo de mínimos, aunque más bien habría que hablar de un acuerdo confuso. ¿Por qué digo esto? Muy sencillo. Elena Salgado, a la sazón vicepresidenta económica, no quiso decir en público los recursos que le correspondían a cada región, para no despertar recelos. Si todas supieran lo bien colocada que quedó Asturias, tras el reajuste de fondos, a lo mejor no hubiera habido acuerdo. Todo el devenir autonómico vive instalado en la provisionalidad, como si la legalidad fuese un conjunto de sucesivos borradores, así que pretender elevar las conclusiones de un acuerdo concreto al texto constitucional es ponerse a trabajar en pos de un imposible.

Los socialistas quieren introducir en el sistema de financiación autonómica el “principio de ordinalidad”, que limita la solidaridad entre las regiones, ya que una vez ordenados los territorios según su renta per capita ninguna comunidad puede perder o ganar puestos después de la reasignación de los fondos del sistema. Se recortaría el trasvase de recursos de los territorios ricos a los pobres. Un método que favorece a Madrid, Valencia, Baleares y, por supuesto, a Cataluña que es la comunidad autónoma que se trata de integrar en la senda constitucional con el experimento federal. Me parece muy difícil llegar a un consenso sobre esa premisa, a no ser que se añadan compensaciones.

Los socialistas asturianos aseguran que nadie puso sobre la mesa el principio de ordinalidad. Bien, pero alguien lo lanzó a los medios de comunicación y no vale decir que fue la derecha. Mejor reservan munición para la batalla.