Los socialistas abrieron el melón de la reforma constitucional, como marco adecuado donde inscribir la revisión del modelo de financiación territorial. Rubalcaba y Javier Fernández consideran prematura la discusión sobre el sistema de reparto de recursos entre las comunidades autónomas, pero la cúpula de los partidos no puede poner coto a la discusión. Además, si el objetivo último de las reformas es atraer a Cataluña a la senda constitucional, lo más eficaz es hablar pronto de dinero, porque desde Jordi Pujol hasta el más honrado ciudadano catalán de a pie son extremadamente sensibles a las ofertas políticas que se expresan en euros.

El presidente asturiano pone dos condiciones para participar en el debate: la absoluta igualdad en la prestación de servicios públicos de las 17 comunidades autónomas y el compromiso de que ninguna región salga perdiendo con respecto a los fondos que recibe ahora. El primer punto responde a la filosofía del sistema y es algo que se debe preservar. No sería de recibo que los andaluces o los manchegos tengan una sanidad o una educación pública peor que la madrileña o la catalana. Hay que calcular el estándar mínimo en las prestaciones de los servicios y poner recursos para que todas las regiones puedan sufragarlas, haciendo esfuerzos fiscales iguales. Otra cosa es que, luego, las regiones ricas inyecten en sus redes asistenciales más dinero y den mejores prestaciones, pero siempre que antes quede garantizado un mínimo de calidad en los servicios que disfrutan cada uno de los más de 46 millones de personas que habitan en España.

El segundo punto choca con las Matemáticas. Dado un volumen global de recursos, cualquier desvío de fondos hacia una región sólo es factible restándoselo a otras. La única forma de escapar a la lógica de los números consiste en que el Gobierno central ponga, aún, más dinero encima de la mesa para repartirlo entre los territorios, pero esa alternativa es una quimera. Al Estado no le sobra un euro y cada vez asume más responsabilidades. Hace unos meses tuvo que dotar de urgencia un fondo para rescatar a las comunidades quebradas, y para este año ha reservado 23.000 millones para hacer de “banco bueno” con los gobiernos regionales, amén de financiar las deudas de las regiones con los proveedores. La solución tiene que venir por otra vía, porque Cataluña va a recibir más pasta.