La reforma del sector público contempla dos primeras fases -en las que estamos- dedicadas a la fusión o desaparición de entes, y una tercera en la que se aprobará una ley que definirá la estructura interna del sector. La parte más importante de la reforma está en las primeras etapas, que son las que marcarán la ambición del proyecto. Hasta ahora los pasos que se han anunciado son muy modestos, porque no afectan a los principales organismos ni tienen una especial incidencia en el gasto, factor determinante para revisar las empresas y entes públicos de las comunidades autónomas. Esta forma de proceder es coherente con la visión que tiene Javier Fernández sobre el sector público asturiano, que lo considera de un tamaño adecuado, nada desmesurado.

Para hacer un ajuste de grandes proporciones hay que creer en la bondad de adelgazar el sector, pero es muy difícil que el propio partido que alumbró ese modelo de Administración paralela, coja la piqueta y proceda a la demolición. Para ser ecuánimes digamos que la gran mayoría de los diecisiete gobiernos autonómicos presentan fuertes resistencias a cerrar empresas públicas, sin que haya sensibles diferencias entre socialistas y populares. Asturias responde a un patrón generalizado. La excepción es la Comunidad de Madrid, donde Esperanza Aguirre ha dejado como legado la receta liberal.

Cuando se defina la estructura interna del sector público, el Gobierno regional reducirá el número de altos cargos y pondrá un límite a los salarios. Ningún gerente de empresa u organismo público podrá ganar más de 63.000 euros, que es el sueldo de Javier Fernández. Los ciudadanos no entienden que un ejecutivo de un tinglado autonómico cualquiera pueda ganar más que el presidente. Es una valoración que no carece de lógica, ya que es el puesto más importante y el de mayor responsabilidad. Sin embargo, esa regla, entendida de una forma rígida, provoca efectos negativos. Si ningún empleado público puede ganar más de 63.000 euros, es probable que quede vacante la plaza de director de la OSPA o la de gerente de alguna empresa relacionada con la captación de proyectos empresariales o con la exportación. Si en el Estado, el sueldo más alto fuera el de Rajoy, Del Bosque no sería el entrenador de la “roja”. Póngase el tope de 63.000 euros, como referencia general, pero aceptando alguna excepción.