La Encuesta de Población Activa (EPA) del último trimestre de 2012, publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), coloca el desempleo en España en el umbral de los seis millones de desempleados (¿Se acuerdan de cuándo se discutía si España llegaría a los cinco millones de parados?). Veintiún trimestres consecutivos creciendo el desempleo han servido para destruir 3.550.000 puestos de trabajo.
El discurso sobre los sucesivos registros del desempleo ha mantenido un argumento constante, basado en el lamento por el desastroso comportamiento del mercado de trabajo y la esperanza de encontrarnos ante un paréntesis de anormalidad que concluirá en cuanto se enderecen los desajustes macroeconómicos. Pero ahora hemos llegado a una situación en que hasta el Gobierno de Rajoy es consciente de que tiene que hacer algo.
Dentro de este marco general, Asturias cobra especial protagonismo, al ser la comunidad autónoma en que más aumentó el paro a lo largo de 2012, con 23.600 nuevos desempleados, lo que supone un crecimiento del paro del 26,1% en un solo año, quedando a poco más de dos puntos de la media española. Lo que más choca en el caso asturiano es la actitud de las instituciones autonómicas ante esta fase de la crisis. Luego, volveremos sobre ello.

REFORMA LABORAL

El año 2012 fue el de la reforma laboral. Convencido Rajoy de que el espectacular desempleo español se debía a las normas laborales, aprovechó la mayoría absoluta para acabar con el proteccionismo laboral en que se parapetaban los trabajadores senior, con fuertes indemnizaciones por despido, sin parangón en el contexto europeo. El balance de 2012 es concluyente: el desempleo creció en 700.000 trabajadores.
Los defensores de la reforma laboral aducen que sin esta norma el paro sería más alto. Como es hablar de lo que no ocurrió, también se puede decir que sin la reforma laboral el desempleo sería menor. Dos hipótesis de imposible verificación. La gran coartada de la reforma laboral consistía en decir que frenaría la plaga del desempleo entre los trabajadores jóvenes, al abaratar el despido de los ya instalados. Sucedió lo contrario: el 75% de la destrucción de empleo se ha centrado en los menores de 30 años, un colectivo que sufre unos niveles de paro superiores al 40%. La situación aún es más lacerante entre los menores de 25 años, con el 55% de desempleo.
A la luz de estos datos se puede colegir que la reforma laboral ha ahondado en el comportamiento tradicional de nuestro mercado de trabajo. Una de las viejas tesis sobre el diferencial del desempleo con Europa se basaba en decir que la rigidez de la normativa laboral española impedía negociar dentro de la empresa, para poder propiciar bajadas de sueldo en vez de recurrir al aligeramiento de plantillas. Ahora tenemos una normativa más moderna que en Francia, y la cultura del despido se impone a cualquier alternativa de flexibilización interna.
No se puede achacar todos los males a la reforma laboral, porque de los 850.000 puestos de trabajo perdidos, cerca de 300.000 corresponden al sector público. En el caso asturiano, sólo en el último trimestre se amortizaron 5.500 empleos públicos, la mitad que en el sector privado. El ajuste de las administraciones no es incruento.
Decía antes que el Gobierno parece dispuesto a actuar. El primer signo es la prórroga de la ayuda de 400 euros para los trabajadores que han agotado la prestación de desempleo. El segundo signo es el anuncio inesperado de Rajoy, desde Chile, de ampliar el plan de ayudas a la compra de coches con el doble de fondos de los que había hasta ahora. Falta lo principal: obtener de la UE el plácet para reactivar la economía.

ASTURIAS

Los datos de la EPA colocan a Asturias en los 114.100 parados, una cifra jamás alcanzada. Lo más llamativo del caso es que no se habla de medidas para luchar contra esa lacra, porque el desempleo se contempla del mismo modo que los campesinos la tormenta: una desgracia sin remedio. En siete meses de legislatura nadie colocó como principal prioridad un plan de medidas urgentes contra el paro.
En los próximos días se firmará el acuerdo de concertación social (ya está ultimado pero se pospuso la firma hasta la celebración del congreso de CCOO: la típica informalidad asturiana, como cuando se aplaza un pleno parlamentario porque el “diputado veintitrés” está en Madrid), lo que conllevará unos días de retórica sobre trabajo y empleo, para seguir igual que hasta ahora. Hoy, lo que hace fortuna es el rol del espectador: observadores callados ante el desplome de la minería, la larga huelga de la sanidad o la escalada de las cifras del paro.
Siguiendo el debate público asturiano se llega a la conclusión de que la peor desgracia laboral no es perder el trabajo sino formar parte de un servicio privatizado. Se dedican muchas más energías y tiempo a criticar la hipotética privatización de los servicios públicos que a luchar contra el real aumento del desempleo. Hace unos días, me decía un diputado que la Junta General del Principado era un hervidero de iniciativas, reuniones, comisiones de trabajo, pero que la creación de puestos de trabajo no estaba en la agenda oficial. A ver si el nuevo programa de empleo, anunciado por el Ayuntamiento de Gijón para contratar a cien personas procedentes de familias con todos los miembros en paro, tiene apoyo desde el Principado.