El síndico mayor es partidario de imponer sanciones a los ayuntamientos que no entreguen sus cuentas a los órganos de control. Las manifestaciones de Avelino Viejo se realizan a los pocos días de conocerse que la mitad de las corporaciones locales no habían entregado la contabilidad correspondiente al ejercicio de 2011 al Tribunal de Cuentas. Según el síndico mayor, a los consistorios que incumplen con sus obligaciones se les debería impedir el acceso a subvenciones, aunque es más partidario de sancionar a los alcaldes para que los ciudadanos no sufran las consecuencias de la mala gestión de los regidores.

La cuestión de las sanciones a las administraciones incumplidoras está presente en las leyes, pero no se aplica en la práctica. Por ejemplo, la Ley de Estabilidad Presupuestaria contempla penalizaciones para las comunidades autónomas que cierran los ejercicios con un déficit superior al techo marcado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero la Generalitat catalana acaba de anunciar que terminó el año 2012 con ocho décimas por encima del déficit pactado y en el Ministerio de Hacienda nadie osa abrir el procedimiento sancionador. Tiene razón Avelino Viejo cuando juzga preferible castigar a los alcaldes que a los ayuntamientos, porque los vecinos no tienen la culpa de la mala gestión de los responsables municipales. Creo que el asunto se solucionaría, de inmediato, con una norma que impusiera la pérdida del cargo para el alcalde que no entregara las cuentas en el periodo estipulado. La defensa de la poltrona convertiría a los regidores en atentos cumplidores.

Avelino Viejo se queja de los ayuntamientos que no entregan la documentación técnica correctamente. En este punto hay que ser muy realista. Una cosa es no entregar la documentación y otra, muy distinta, que no estén todos los papeles en regla. La mayor parte de los ayuntamientos en España tienen una dimensión muy reducida y apenas cuentan con personal para realizar la gestión administrativa. En Asturias, con la excepción de una quincena de consistorios, el resto debería tener una ayuda permanente de la comunidad autónoma. Al igual que en el planeamiento urbanístico de los concejos de menos de 50.000 habitantes los gobiernos regionales tienen un protagonismo decisivo, con la gestión económica y financiera debería ocurrir lo mismo.