El informe de la Sindicatura de Cuentas revela que sólo 24 de los 78 ayuntamientos asturianos enviaron sus cuentas al órgano de control económico-financiero del Principado. El dato, en si mismo, revela la profunda anomalía en que viven las administraciones, muy observantes para exigir los deberes al ciudadano y laxas de comportamiento cuando les toca a ellas rendir cuentas. Hace veintitantos años, uno de los alcaldes más importantes de Asturias me dijo que las administraciones eran las primeras en saltarse la legalidad; se ve no han cambiado de vicios. Si un ejercicio tras otro, dos tercios de las corporaciones municipales hace caso omiso de los requerimientos de la Sindicatura sin que esa conducta suponga ningún perjuicio, dentro de unos años ningún ayuntamiento dará a conocer su contabilidad. El cumplimiento de las normas presenta excepciones, pero cuando las excepciones son más numerosas que los comportamientos pautados, se convierten ellas mismas en norma.

En el informe se dice que el 84% los entes locales (ayuntamientos, mancomunidades, consorcios, etcétera) no entrega sus cuentas a la Sindicatura, así que el Principado no puede saber si las subvenciones que concede se dirigen al fin previsto, o si se desvían para financiar gasto corriente de cualquier naturaleza, por no citar otro tipo de destinos más inquietantes.

Antonio del Solar, presidente de la Federación Asturiana de Concejos (FACC), está dispuesto a acabar con este estado de cosas. Lo primero de todo es que los alcaldes tomen conciencia de la imposibilidad de prolongar la ilegalidad en que se mueven. El Principado tiene la grave responsabilidad de poner fin al desmadre, controlando si las subvenciones van dirigidas a los objetivos señalados. Del Solar no está de acuerdo con que se sancione a los alcaldes, al relacionar los incumplimientos con la falta de medios humanos y materiales de los consistorios. En este asunto no le falta razón. Para solucionar esas carencias es preciso que la Administración autonómica ayude a los ayuntamientos. Las dos partes tienen que hacer un esfuerzo, al asumir el Principado tareas que ahora no realiza y al aceptar los alcaldes las pautas de la Administración regional sin miedo a perder autonomía municipal. Hasta el desarrollo territorial sería menos caótico si Principado y ayuntamientos trabajaran juntos.